Una UTE con capital portugués ha invertido en los dos últimos años alrededor de 27 millones de euros en la instalación de placas solares en 26 colegios públicos del municipio y en varias pérgolas del parque urbano de San Juan y ahora se encuentra con que no las puede ni poner en marcha ni rentabilizarlas.

El Ayuntamiento y la representación legal de la UTE compuesta por Igreenlight Solar Investiments Spains y Rooftops of Spains suscribieron en el verano de 2009 un convenio mediante el cual la institución local otorgaba una concesión administrativa al inversor privado para que este sembrase de paneles fotovoltaicos las cubiertas de estos centros -la mayoría de ellos de Educación Infantil y Primaria- y, a cambio de su explotación durante 30 años, pagase un canon anual a la ciudad. Pasado este tiempo, las planchas pasarían a ser del consistorio.

Con esta premisa, la iniciativa privada colocó las placas, siempre con el beneplácito de la Concejalía de Patrimonio, por aquel entonces en manos de Ildefonso Jiménez (NC). El problema surgió después, cuando los expedientes acabaron en manos de los técnicos de Urbanismo y estos emitieron una batería de informes desfavorables alegando para ello que los colegios tienen, según el Plan General vigente, un único uso educativo y, por lo tanto, no cabía iniciar otra actividad distinta.

El grupo de gobierno actual (PP, Ciuca y CC) culpó esta semana de esta situación a NC y avanzó que el conflicto podría suponer un grave quebranto para las arcas municipales si los empresarios optan por demandar al Ayuntamiento, pues, además de los medios materiales, ya han abonado 4,077 millones de euros en concepto de canon del primer pago.

Jiménez, por el contrario, sostiene que todo el conflicto obedece "a un error entre departamentos municipales" ocurrido en los primeros meses de 2011, que fue cuando se emitieron los informes negativos de Urbanismo, con las láminas ya puestas.

"No hace falta licencia"

"Al tratarse de una concesión administrativa se está hablando de una obra municipal. Y esta clase de obras no necesitan licencia. Todo se solucionaría", abundó el portavoz nacionalista, "si se emitiese un informe aclarándolo todo y matizando que el uso educativo no es ni restrictivo ni excluyente. Este acto se le iba a encomendar a uno de los redactores del Plan General, pero el pacto actual no tiene interés alguno en subsanar este hecho a pesar de que sabe dónde está la solución", zanjó.

A todas estas, la UTE implicada ha presentado un recurso de reposición ante los informes contrarios a la posibilidad de explotar las instalaciones.

A su vez, la concejala de Educación, Vanessa Cruz (Ciuca), ha empezado a remitir este mes una carta a los 26 colegios públicos advirtiéndoles de que estas estructuras no disponen de licencia y señalando que los directores de los centros serán responsables de cualquier tipo de incidente que se dé con las citadas placas de por medio.