Los empresarios grancanarios han hecho un frente común contra la gestión del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel. A las denuncias del grupo Hermanos Domínguez por el bloqueo a que tiene sometido el Gobierno canario el proyecto de construcción de un centro comercial en Gáldar se sumaron ayer los representantes de los grupos Satocan, Lopesan, Santana Cazorla y El Corte Inglés que también llevan décadas esperando que el Ejecutivo autónomo les dé el visto bueno a sus inversiones en Gran Canaria. Millones de euros no pueden moverse en el Norte y en el Sur de la Isla debido a las continuas cortapisas que les pone el departamento de Política Territorial.
Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan; Eustasio López, presidente de Lopesan, y Santiago Santana Cazorla, presidente de Santana Cazorla, tacharon ayer de inaceptable que el consejero de Política Territorial siempre interprete que los proyectos de Gran Canaria no cumplen el planeamiento cuando además no aplica esa misma filosofía en Tenerife. Los presidentes de estos grupos empresariales, tras respaldar las declaraciones de Javier Puga en una entrevista a este periódico, coincidieron en que mientras el presidente del Gobierno "se llena la boca" pidiendo a los empresarios que inviertan, desde su propio Ejecutivo hay quien se esfuerza en todo lo contrario.
Ante el malestar del empresariado grancanario con el Gobierno, el presidente de la Confederación Canaria, Sebastián Sánchez Grisaleña, pidió ayer una reunión urgente al presidente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, a fin de intentar desbloquear los proyectos.
Al mismo tiempo, María de la Salud Gil, presidenta de la patronal de la construcción, lanzó un comunicado en el que también apela a Rivero a que asuma la interlocución en este asunto ya que "el señor Berriel ni siquiera recibe a esta organización". Salud Gil dejó claro que los constructores saben "el riesgo por contar lo que piensan pero aún así asumen este precio".
La presidenta de la AECP acusó al consejero de Política Territorial de ser "un mal encajador de las críticas empresariales " y de excusarse siempre en que los proyectos no cumplen el planeamiento. Salud Gil sentenció que "Berriel muestra un desprecio hacia los empresarios grancanarios que no puede consentirse más".
