El derribo de los obsoletos locales comerciales del Oasis se viene planteando desde hace quince años, pero existe tal maraña administrativa en torno a ese suelo que nadie se atreve a poner una fecha. El centro comercial quedó fuera de ordenación al aplicarse la Ley de Costas de 1988 y son los planes del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana los que plantean la demolición, de ahí las quejas de los empresarios que promueven una rehabilitación total para devolver el suelo público sin perder los negocios ni los puestos de trabajo.

"Por un lado nos declaran como punto negro y nos obligan a retranquear, en lo que algunos propietarios estamos de acuerdo, pero tras presentar el proyecto hemos tenido infinidad de problemas", señaló ayer Cristóbal Rodríguez Marichal, empresario y promotor de la alternativa para salvar al Oasis de la piqueta. La inversión, según sus cálculos, se acercaría a los 40 millones de euros.

La propuesta, elaborada en la parte técnica por los arquitectos del Taller de Proyectos Integrales SL y en la parte jurídica por el despacho de abogados de José Miguel Bravo de Laguna, actual presidente del Cabildo, se presentó como una alegación al Plan Territorial Parcial de Regeneración del espacio consolidado de Playa del Inglés (PTP-8). Fue el 23 de septiembre de 2009 en la ventanilla del Cabildo. Dos años y dos meses después, el proyecto ha deambulado por un puñado de organismos (Demarcación de Costas, Consorcio de Maspalomas, Ayuntamiento, Gesplan) y nada hace presagiar una rápida respuesta.

Demolición

La última propuesta de los empresarios es el derribo conjunto del Oasis y del hotel Riu en abril de 2013 (ambas partes están obligadas porque las obras de reconstrucción de una de ellas impediría continuar la actividad en la otra), pero otra vez se han encontrado con la indefinición del Ayuntamiento, que además es parte implicada al ser el propietario de una parte del suelo.

La solución, según los promotores, pasa por incorporar ese proyecto, u otro similar, al Plan de Modernización del Gobierno de Canarias, pero quedan muchos hilos sueltos por la cantidad de instituciones que deben intervenir.

A su juicio, es el nuevo Ayuntamiento dirigido por Marco Aurelio Pérez el que debe firmar un convenio con la Asociación de Propietarios del Oasis y con la empresa Riu para incorporar el suelo municipal a ese proyecto de rehabilitación. Eso facilitaría el acuerdo entre los dueños de los locales del Oasis y también obligaría a entrar en el proyecto al restaurante El Senador, pues en caso contrario quedaría como único punto negro en ese frente del litoral.

El Ayuntamiento y Gesplan tienen su propia visión del problema, pero no se conocerá hasta que se apruebe el Plan de Modernización, probablemente a finales de este año o principios de 2012, según explicaron a este periódico fuentes de ambos organismos. Con los plazos que se están manejando, aún es posible iniciar el derribo en las fechas previstas, abril del 2013, pero los promotores de la inversión temen nuevos bloqueos administrativos.

Además, un nuevo elemento complica la situación del Oasis. Los temporales de los dos últimos inviernos han causado estragos en su estructura y pueden repetirse de ahora a 2013.