La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario, que dirige Domingo Berriel, se hará cargo de tramitar el Plan General de San Bartolomé de Tirajana ante la incapacidad de los gobernantes de este municipio para gestionar el uso del suelo. La ausencia de planeamiento en el primer municipio turístico de Canarias ha provocado que muchos proyectos inversores lleven casi 15 años bloqueados ya que la última normativa es de 1997. Precisamente la imperiosa necesidad de dinamizar la economía de este municipio fue uno de los motivos que esgrimió ayer el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, para justificar ante el pleno la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Política Territorial para elaborar el Plan General. También aludió a que los cambios en la Ley del Suelo, que ha anunciado el Gobierno, pueden retrasar el documento y si se cuenta con Política Territorial "se evita este contratiempo".

El alcalde explicó que será la empresa pública Gesplan la encargada de sacar a concurso la redacción del documento, si bien el Ayuntamiento podrá participar en su elaboración a través de la comisión mixta que se creará al efecto. En esta comisión estarán el alcalde o un representante municipal, el consejero de Obras Públicas o alguien en quien delegue, un arquitecto, un jurista y y un ambientalista de Política Territorial, así como un arquitecto y un jurista municipal. El plazo de vigencia del convenio es de tres años.

El citado convenio, que incluyó el grupo de gobierno en el pleno entre los asuntos de urgencia, salió adelante con los 14 votos de AV-PP, ya que NC y PSOE y las dos edilas del grupo mixto se abstuvieron.

También apuntó Marco Aurelio Pérez la "precariedad de las cuentas municipales" como otra de las razones por las que decidió contar con la ayuda del departamento que dirige Berriel. Según dijo, el Ayuntamiento aportará 400.000 euros y Política Territorial 110.000 euros.

De otro lado, si bien las portavoces del PSOE, Concepción Narváez, y de NC, María del Pino Torres, valoraron la importancia de agilizar el Plan General, no respaldaron el convenio. Narváez dijo que el Ayuntamiento podía perder competencias y Torres se escudó en que necesitaba más tiempo para conocer el expediente.