El periodista radiofónico Santiago García Ramos llevó hace 22 años a los propietarios de la empresa Hermanos Domínguez a Gáldar, y les propuso allí construir un centro comercial. Así arrancaba uno de los proyectos más antiguos del norte grancanario y que hoy, dos décadas después, sigue siendo eso, solo un proyecto.

En 1998 la empresa logra la licencia comercial, la única que el Gobierno de Canarias tenía prevista para la comarca Norte. El entonces consejero de Política Territorial, Fernando González, exigía para su construcción en la zona del Sombrero realizar una modificación del Plan General de la ciudad. Poco después aumentó la exigencia: el centro galdense tenía que figurar también en el Plan Insular de Ordenación. Así se hizo. Pero en 2002 se introdujo otro factor: debía contemplar una vía interior, denominada variante, para dar acceso al complejo.

Llega 2001. Urbagest solicita la licencia, dado el retraso, para un centro en Arucas. Comenzaba así la denominada guerra del híper. El hecho de que Fernando González fuera aruquense exacerbó las posturas.

Mientras, la empresa de los Domínguez había adquirido los solares de la zona del Sombrero, reuniendo el terreno de una treintena de propietarios. Y fue justo en ese espacio donde Carreteras decidió pasar la gran curva de la futura carretera del Norte, la que enlaza con el cruce de Sardina y el centro urbano de Gáldar. "Era mejor expropiar a una sola propiedad que a 30 pequeños", sostiene el consejero de la empresa Javier Puga. Vistas las dificultades y para blindar la licencia otorgada, el Ayuntamiento hace un cambio de ubicación en la zona de San Isidro el Viejo, que nunca se puso en marcha porque apostaba por La Longuera, colindante al Sombrero. Los tiras y aflojas en los planeamientos urbanos para dar cabida a la infraestructura llegan al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que empantana aún más la situación.

Un conflicto que se resuelve a principios de este año en el Tribunal Superior a favor del Ayuntamiento de Gáldar. Domingo Berriel, actual consejero de Política Territorial, declara que es una victoria "pírrica".

Y vuelve a incidir en la necesidad de construir una vía alternativa a la actual GC-2 a su paso por la Vega. El Cabildo, la empresa y el Gobierno de Canarias acuerdan pagar a tres bandas los nueve millones de euros de su coste. Pero tras las elecciones, el Gobierno recula, y el nuevo grupo del Cabildo no la cree ahora necesaria. La última propuesta es suspender provisionalmente el planeamiento, pero Berriel insiste en que no es de interés público.