Los vecinos de la playa de Ojos de Garza sobre los que pende una orden de demolición dictada por la Demarcación de Costas en Canarias intentarán evitar que esta resolución se lleve a la práctica extendiendo el pleito judicial que mantienen abierto desde hace años hasta el Tribunal Supremo.
El presidente de la asociación vecinal Playgarza, Juan Pedro Pérez Medina, indicó el pasado martes a este periódico que los afectados han tomado finalmente esta decisión después de ver cómo ha transcurrido el tiempo y la Dirección General de Costas en Madrid no ha suscrito el convenio que otorgaría un plazo de doce años a los 21 residentes afectados por esta medida -y a las otras 123 casas que completan el citado caserío- para reconstruir todo el poblado unos cuantos metros tierra adentro.
Como se sabe, sobre 21 de estos inmuebles pende ya una orden de demolición por ocupar suelo de dominio público marítimo-terrestre. En esta tesitura podrían encontrarse otras 34 moradas.
Tras las primeras resoluciones contrarias, los vecinos presentaron alegaciones y recursos de reposición que fueron desestimados por el Ministerio de Medio Ambiente a través de su demarcación regional. Los afectados iniciaron entonces su batalla en los tribunales con la interposición de una batería de recursos contenciosos-administrativos, que son los que en estas últimas semanas están siendo fallados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de forma contraria a sus intereses.
Pérez confirmó esta semana que ya han llegado tres de ellos, y que ante la falta de respuesta de Madrid al convenio, han optado por acudir al Tribunal Supremo.
