El tramo de diez kilómetros de costa que separa el puerto de Arinaga y la central eléctrica de Juan Grande es el territorio que propone el Cabildo de Gran Canaria para instalar la planta de gas, preferiblemente en uno de los dos extremos. Esa debe ser la primera opción y así figurará en el Plan Territorial de Hidrocarburos, según adelantaron fuentes del grupo de gobierno del PP y CCN de la corporación insular, que admitieron que es también la ubicación más complicada por el rechazo frontal de los tres ayuntamientos implicados, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana.
De hecho, se han retomado las alternativas del puerto de Salinetas, en el litoral de Telde, o Roque Ceniciento, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, pero el foco del Cabildo y de la empresa Gascan sigue dirigido, por este orden, hacia el muelle de Arinaga y las proximidades de la central de Endesa en Juan Grande. Los argumentos son principalmente económicos, pues lo que se pretende es que la entrada del gas a la isla "esté lo más cerca posible de central eléctrica que tiene que alimentar", señaló uno de los consejeros consultados.
Puesto que el rechazo de Agüimes a la regasificadora es bien conocido, San Bartolomé se ha visto obligado a salir a escena para recordar que tampoco quiere la planta de gas. El Ayuntamiento sureño está en una posición más comprometida, pues al igual que el Cabildo está gobernado por el PP y su alcalde, Marco Aurelio Pérez, forma parte del grupo de gobierno en la corporación insular. San Bartolomé ya perdió la batalla de la macrocárcel, que finalmente se ubicó en suelo del municipio tras una declaración de interés general por parte del Estado.
Diez kilómetros
La imposición desde Madrid, desde el Gobierno canario o el Cabildo también planea sobre Arinaga, pero su alcalde, Antonio Morales, se muestra convencido de que "jamás se instalará" en esa localidad. Entre Arinaga y Juan Grande existen unos diez kilómetros de costa que los técnicos del Cabildo analizarán con lupa para buscar un sitio idóneo y que esté alejado al menos dos kilómetros de los núcleos poblados, pues esa es la principal baza de los ayuntamientos para oponerse.
Por motivos de seguridad, la normativa europea obliga a alejar este tipo de instalaciones de las viviendas. En ese tramo de litoral, según el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, "no existe ni un solo punto que esté libre de habitantes en dos kilómetros a la redonda". En la Bahía de Formas, donde ya se propuso un relleno para instalar la planta, afectaría a Arinaga o a Pozo Izquierdo, e incluso a Vecindario. Más hacia el sur, en la desembocadura del barranco de Tirajana, tampoco existe la distancia de seguridad con Pozo Izquierdo, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o el Castillo del Romeral.
"No entendemos por qué los nuevos gobernantes del Cabildo siguen empeñados en instalar la regasificadora en tierra y renuncian a la planta en el mar, que es la única opción que genera consenso", señaló Matos. "En el Sureste nos van a tener en contra, pero no por una actitud caprichosa de los alcaldes o de los partidos que gobiernan aquí, sino por la seguridad de los ciudadanos; si el Cabildo pusiera la mitad del empeño en el desarrollo de las energías limpias ya estaría asegurado el consumo energético", añadió.
