La Audiencia de Las Palmas ha revocado el archivo de la causa abierta contra el gobierno local del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) de 2004 -incluida la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano, del PP- por la permuta de la finca de San Rafael, calificada de "escandalosa" por el TSJC.
En este procedimiento, se investigan las posibles responsabilidades penales de una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Telde y la empresa Iniscan, del grupo Santiago Cazorla, que ya fue declarada nula por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el perjuicio patrimonial que supuso para el Consistorio.
De hecho, la propia sentencia del TSJC consideró "escandalosamente injustificado que el Ayuntamiento genere una plusvalía cercana a los cuatro millones de euros" a la empresa Iniscan, al otorgarle un valor a la finca de San Rafael de 6,33 millones de euros, cuando esa sociedad la había comprado por la tercera parte (2,52 millones) solo veinte días antes.
Estos hechos se investigan a petición del equipo de gobierno municipal de la pasada legislatura (Nueva Canarias), que se querelló por un delito de prevaricación contra los ocho miembros de la comisión de gobierno en la que se aprobó esa permuta el 18 de agosto de 2004 y por tráfico de influencias contra el representante legal de la empresa Iniscan, Santiago Cazorla Santana.
El caso fue sobreseído en 2010 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, con el argumento de que la sobrevaloración que se concedió a esa finca estaba dentro de los márgenes que permite la ley, pero la Audiencia considera que ese archivo fue "precipitado", porque "existen indicios más que suficientes de más que graves irregularidades en la permuta cuestionada, que no pueden ser calificadas sin más como simples irregularidades administrativas".
Tras ser revocado el archivo de la causa, vuelven a estar imputados en un delito de prevaricación por esa permuta la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano (PP); el actual teniente de alcalde, Guillermo Reyes (Ciucca), y sus compañeros en la Comisión de Gobierno de 2004 Carmelo Reyes, José Suárez Martel, Carmelo Oliva, Raquel León y Guadalupe López; y en tráfico de influencias, el empresario Santiago Cazorla Santana.
La querella también se dirigía inicialmente contra la concejal del PP en aquellas fechas María Antonia Torres, pero esta murió en marzo de 2010 al precipitarse desde una ventana tras ser imputada en el caso Faycán de presunta corrupción municipal.
La Audiencia recuerda que esa permuta no solo resulta "sospechosa" por la plusvalía que permitió obtener a Iniscan en veinte días, sino también por cómo se hizo: aprobándose en Comisión de Gobierno, cuando la competencia era del pleno de la Corporación; sin haber pedido el preceptivo dictamen a la Comisión Informativa de de Urbanismo; y contraviniendo la Ley del Suelo de Canarias, porque la operación no se comunicó al Instituto Canario de Vivienda.
Además, el tribunal insiste en que "llama la atención y no se explica fácilmente la evidencia incontestable" de que el Ayuntamiento valorara esa finca en agosto de 2004 en 6.339.527 euros, cuando la empresa beneficiaria de la permuta la había adquirido en julio por 2.524.250 euros, según la escritura pública.
Los magistrados recuerdan que el TSJC ya declaró nula esa operación, en una sentencia que, entre otras cosas, decía que "resulta escandalosamente injustificado que el Ayuntamiento genere una plusvalía cercana a los cuatro millones de euros a favor de una sociedad con cargo al patrimonio municipal".
"Se puede decir más alto, pero difícilmente más claro", apostilla ahora al TSJC la Audiencia, que cree que esa operación pudo haber causado "un gran perjuicio al patrimonio municipal", por lo que no se debe descartar por ahora que quienes la aprobaron incurrieran en prevaricación y que el responsable de Iniscan "influyera" sobre ellos "para obtener tan sustancioso beneficio".
En consecuencia, ordena al Juzgado seguir investigando y, en concreto, tomar declaración como imputados a todos los querellados y, como testigos, a María del Carmen Benjumea Ferrer y Jesús Benjumea Ferrer.
Se da la circunstancia de que este procedimiento penal se retoma por la querella y los recursos impulsados por el propio Ayuntamiento de Telde durante la pasada legislatura y afectan ahora a los que son su alcaldesa y su teniente de alcalde.
