El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, ha dado marcha atrás y ha aceptado que el proyecto del centro comercial en Gáldar del grupo Hermanos Domínguez se puede llevar a cabo sin la obligatoriedad de desviar la autovía del Norte a la altura de La Vega. Berriel siempre ha interpretado que el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIO) del Cabildo grancanario obligaba a trasladar la carretera para poder construir el centro comercial, entre otras cosas para delimitar la zona urbana de la zona agrícola, y así impedir futuras expansiones del terreno urbano en La Vega. Esta apreciación del consejero obligó en su momento al Cabildo a modificar un párrafo del Plan Territorial de Gáldar (PTP14) y recoger este desvío de la carretera para lograr el visto bueno del departamento autonómico. A raíz de la denuncia del consejero de HD, Javier Puga, sobre el bloqueo al que Política Territorial tiene sometido el proyecto del centro comercial, situación que a su juicio no se daba en Tenerife, el consejero respondió que era el Cabildo grancanario el que debía mover ficha y revisar el PIO. Asimismo, rechazó las acusaciones del grupo HD de frenar la inversión de 70 millones de euros, y recalcó que "su obligación era respetar el ordenamiento jurídico y la protección del territorio".

Si bien el cambio de opinión de Domingo Berriel ha posibilitado que el Cabildo de Gran Canaria pueda iniciar la modificación del PIOT, ayer éste insistía en que "su postura no ha variado y que siempre ha estado dispuesto a apoyar las iniciativas que cuenten con la protección del entorno". No obstante, desde la empresa comentaron ayer que la actitud del consejero si que ha variado tras las denuncias en este periódico, a las que se sumaron otros grupos inversores. En este sentido, añadieron que Berriel hasta ahora proponía "revisar" el PIO, lo que suponía unos ocho o diez años de trámites, y ahora ha entendido que basta con una "modificación", que se puede resolver en unos dos años como máximo.

Pese a esto, el consejero recalcó que sigue manteniendo "la misma posición de colaboración para el desarrollo de todo aquel proyecto que pueda contribuir al desarrollo económico siempre que se respete la legalidad vigente y equilibrio entre el desarrollo y el recurso más escaso que es el suelo".