La Fiscalía Provincial de Las Palmas considera que el exalcalde Francisco Santiago (NC); el exedil de Contratación, Agustín Arencibia, y dos técnicos municipales no incurrieron en delito cuando acordaron en 2009, con informes de por medio, anular el contrato para la concesión del servicio de recogida de basura en Telde. El concurso, que fijaba el pago de 160 millones tras un periodo de trabajo de 15 años, fue ganado en primera instancia por la UTE Sufi-Hermanos Santana Cazorla, pero el gobierno de aquella época (NC, PSOE y CCN), con Santiago al frente, tomó la decisión de otorgarle esta concesión al segundo clasificado, FCC, porque una resolución interna emitida tras un conflicto surgido con Santana Cazorla en las obras del barrio de Arauz, había declarado "culposa" a la empresa de Santana Cazorla y la dejaba impedida para formalizar cualquier contrato con el ayuntamiento.
La decisión de Santiago hizo que el empresario lo demandase -a él, a Arencibia y a dos técnicos- en el juzgado por prevaricación administrativa. El fiscal Carlos Seijo emitió el 16 de agosto una petición de archivo de la causa al no apreciar delito alguno en la operación, y hasta ahora no había trascendido.
Curiosamente, estos días se ha conocido una sentencia del TSJC que considera que la declaración de culposa de la empresa no se ajustó a derecho.
