Jesús Montesdeoca

La unión temporal de empresas liderada por FCC ha iniciado la ofensiva judicial contra la adjudicación de los vertederos de Salto del Grande y Juan Grande con un recurso en materia de contratación que puede frenar durante meses el inicio de las obras, como ocurrió con el Pabellón del Mundobasket 2014. El Cabildo otorgó la gestión de ambos complejos a la UTE formada por Cespa y Ayagaures, decisión a la que se oponen las demás empresas, agrupadas en torno a FCC, por un lado, y a Santana Cazorla, por otro.

El recurso de FCC se presentó hace dos semanas y está acompañado de un dictamen de un catedrático de Derecho de la Universidad de La Laguna que "encuentra hasta tres motivos para declarar la nulidad del concurso y la posterior adjudicación", según fuentes del caso.

El recurso especial en materia de contratación es la primera vía que tienen las empresas excluidas para intentar que los tribunales anulen esas dos adjudicaciones. En el previsible caso de que el Cabildo desestime la reclamación, pasará automáticamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que puede tardar varios meses en resolver. Ese fue el camino seguido por FFC y otras UTE en el caso del pabellón deportivo de Siete Palmas, pero finalmente hubo un acuerdo y las empresas desistieron de la vía judicial para no poner en peligro la celebración del Mundobasket.

El recurso especial de FCC no es el único. Un vecino de Telde, Juan Romero Peña, ha presentado otro a título individual en el que denuncia supuestas irregularidades en el proceso. También alega la falta de consignación presupuestaria de los ayuntamientos de Gran Canaria para pagar la tasa que se derive de la explotación de los nuevos vertederos. Según los cálculos de algunos ayuntamientos, el precio del servicio de recogida de basura se tendrá que multiplicar por siete, pues el canon del tratamiento de residuos en el Salto del Negro pasaría de los 9 euros actuales a 64,62 euros.

Romero también presentó alegaciones al entender que la mesa de contratación cometió varias irregularidades, como la participación de una ex becaria del Cabildo que primero trabajó en la consejería de Medio Ambiente y después como representante de la UTE ganadora. Ese es también uno de los argumentos de las empresas que fueron excluidas del concurso.