Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) anunció ayer su propósito de ceder al Gobierno de Canarias el bastón de mando en el proceso de realojo de los 4.000 vecinos afectados por la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria.
El ente público mantuvo este miércoles una intensa reunión de trabajo con la delegada del Gobierno en las islas, Mari Carmen Hernández Bento; el consejero regional de Política Territorial, Domingo Berriel; el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna; y la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, que sirvió básicamente para dos cosas: confirmar que la expropiación del barrio y la construcción de la nueva pista sigue adelante y saber que la nueva dirección de AENA acepta el contenido del preacuerdo conseguido en octubre por los residentes de Ojos de Garza a través de Berriel.
Castellano explicó desde Madrid que las instituciones se volcarán ahora en dar un nuevo impulso al proceso de reubicación de los vecinos. "La construcción de la pista en sí se retrasará, pero el proyecto se mantiene y por eso es vital asegurar cuanto antes el asunto del realojo", avanzó la regidora, quien destacó que los próximos pasos a dar, con la participación directa del Ejecutivo regional, será la compra de los terrenos en Montaña de Las Tabaibas (donde se levantará el nuevo Ojos de Garza, dos kilómetros más al interior) y la aprobación de un plan parcial que viabilice la construcción de la urbanización de este y sus equipamientos básicos.
En esta línea, Hernández Bento agregó que se hará necesario aprobar una "pieza expropiatoria separada", al tiempo que aplaudió el "talante dialogante y comprensivo" del nuevo presidente de AENA, José Manuel Vargas, directivo con el que los políticos canarios cerraron ayer dicho compromiso.
En tono similar se expresó Berriel, quien se congratuló por el ánimo colectivo de avanzar en la resolución de un proceso que lleva ya abierto 11 años, desde que en abril de 2001 se aprobó el Plan Director del Aeropuerto. AENA se ha comprometido a sufragar los costes de las expropiaciones. De momento se habla ya de 200 millones de euros para el barrio en sí y de otros nueve para comprar los terrenos, aunque Fomento tendrá finalmente que "verificar" esas cifras, añadió el presidente insular, José Miguel Bravo, quien confió en que "este año" puedan concluir los trámites necesarios para ello.
