Los tres ayuntamientos del Sureste descartan en un principio bajar un 5 % los salarios de su personal. Aunque con distintas intensidades, los alcaldes de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, Juan José Gil, Antonio Morales y Silverio Morales, no están por la labor de seguir las directrices del Gobierno de Canarias de reducir de nuevo los salarios de sus trabajadores.

El alcalde Juan José Gil, del Partido Popular, indicó ayer que su grupo de gobierno, integrado también por Agrupa Sureste, "no va a atender las reducciones de los sueldos de los empleados públicos, siempre y cuando contemos con el apoyo de los trabajadores y sus representantes". "Si llegamos a acuerdos en el coste de las horas extras y las pagas de productividad, y si se flexibilizan los distintos conflictos laborales, nosotros no aplicaremos las rebajas salariales propuestas por el Gobierno canario", insistió.

Rechazo total

Más contundente fue el grupo de gobierno de Roque Aguayro, que no realizará las rebajas "bajo ningún concepto". Así lo expresó ayer el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, quien insistió en que las realidades de cada ayuntamiento no son similares. "Los que fueron generosos en otros tiempos a las demandas desorbitadas de los trabajadores, ahora pasan serias dificultades, que no tenemos quienes fuimos austeros", señaló el edil de Hacienda, Óscar Hernández.

"No podemos sufrir las mismas consecuencias quienes hemos actuado con las demandas de forma rigurosa que quienes no lo han hecho", agregó Hernández, quien descartó aplicar las medidas aunque se impusieran desde el ejecutivo regional.

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, dijo que el grupo de gobierno de Nueva Canarias "en principio no está por la labor de aplicar nuevas rebajas y estamos por mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos". "Además, ya en 2011 rebajamos los salarios y no creemos que una nueva bajada vaya a resolver mucho la situación de los ayuntamientos", indicó. También su concejal de Hacienda, Roberto Ramírez, expresó que el trato no debe ser igual para cada ayuntamiento, ya que la situación y la gestión económica son distintas.

Matos dejó la puerta abierta a lo que decida la asamblea de alcaldes de los 88 ayuntamientos, prevista para el jueves. "Estamos dispuestos a asumir las medidas que se tomen", apuntó.