Los fallos y conflictos administrativos en las desaladoras de Gran Canaria impiden producir 30 millones de litros de agua al día, una cantidad suficiente para abastecer a una población de 150.000 habitantes. La sequía del último año ha dejado al descubierto la descoordinación política en materia hidráulica, lo que mantiene inutilizadas las desaladoras de Salinetas (Telde), Roque Prieto (Santa María de Guía) y La Aldea, en las que se han invertido más de 23 millones de euros. A día de hoy no generan ni una gota de agua.
En los dos primeros casos, el Gobierno de Canarias y el Estado construyeron las desaladoras como obras de interés general y las entregaron a los ayuntamientos de Telde y Guía, pero permanecen paradas a la espera de que algún organismo se haga cargo de su gestión y mantenimiento. El Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, pretende incorporar ambas instalaciones a su red hidráulica, pero aún mantiene serias diferencias con los representantes municipales y con el Ejecutivo regional.
El Consejo se hará cargo de esas infraestructuras, pero no quiere repetir la experiencia de los dos desaladoras de La Aldea, que también están paradas porque, por un complejo acuerdo con el Ayuntamiento y las cooperativas agrícolas, solo se pueden utilizan cuando no hay agua de lluvia en las presas de la cuenca aldeana.
Inversiones
Carlos Sánchez, consejero insular de Obras Públicas, asegura que una de las prioridades de su departamento es poner en marcha todas esas desaladoras, que en total producirían más de 30.000 metros cúbicos de agua al día. "Un municipio como Valsequillo consume menos de 2.500 metros cúbicos diarios, por lo que estamos hablando de incorporar una cantidad brutal de agua al sistema", señaló Sánchez a modo de ejemplo.
"Queremos recepcionar las desaladoras de Telde y Guía, pero en condiciones económicas razonables; estamos en conversaciones con los ayuntamientos para incorporarlas a la red del Consejo Insular de Aguas, porque han costado casi 20 millones de euros y necesitamos reservar el agua de lluvia para la agricultura y la ganadería", apuntó el consejero de Obras Públicas.
El Cabildo quiere que el Gobierno canario y los ayuntamientos aporten fondos para poner esas instalaciones en marcha, pues fueron ellos los que recepcionaron las obras sin estar del todo operativas.
Las desaladoras no solo garantizan el abastecimiento urbano y turístico en todo el litoral de la Isla, sino que podrían suministrar agua a la agricultura de medianías.
