Casi 27 años de espera para ver cumplidos sus derechos. Decenas de trabajadores han comenzado a cobrar ahora la liquidación por la suspensión de pagos del año 1985 que sufrió la comunidad de herederos de Mr. Leacock, el legado del mayor terrateniente de la mitad del siglo pasado en el norte de Gran Canaria, cuyo patrimonio alcanzó a su muerte un valor próximo a 15 millones de euros.

"La oscura liquidación". Así fue calificada hace más de una década por este periódico el proceso que debía conducir al pago de las deudas acumuladas con los casi 200 trabajadores de las antiguas propiedades del imperio creado por el empresario británico en Guía, Gáldar, Moya y Agaete. Sin embargo, el proceso siguió dilatándose hasta ahora.

Los afectados han recibido en las últimas semanas una carta de la Comisión liquidadora de las propiedades comunicándoles que "se encuentra en condiciones de atender los créditos laborales reconocidos en la mencionada suspensión de pagos".

Muchos afectados han podido ya recibir el cheque con cantidades que varían mucho, aunque unos hablan de 9.000 euros y de cantidades similares. Sin embargo, la alegría no es completa para algunos, porque cuestionan que hayan recibido la cantidad real que se les debía, sobre todo porque creen que tienen derecho a los intereses de demora.

Fuentes judiciales han reconocido que los expedientes originales hablan de cantidades que varían entre los 6.000 y 12.000 euros. Pero en el proceso se decía que había acreedores de hasta 600.000 euros.

La comisión liquidadora, según las citadas fuentes. Estaba formaba por el Gobierno de Canarias, el jurado provincial de expropiación forzosa y el fondo de garantía salarial. Este periódico intentó conocer la opinión del bufete de abogados que está entregando los talones, aunque se negó a pronunciarse.

David Leacock dejó a su muerte en 1980 todo un imperio ligado al sector agrícola, que incluía fincas agrícolas, pozos de agua, viviendas, terrenos, una fábrica de bloques y otra de tubos, y otros bienes valorados entre 12 y 15 millones de euros.

Once trabajadores recibieron en herencia este imperio, aunque no pudieron hacer frente a la situación económica de la empresa, que entró en suspensión de pagos en 1985. La situación llevó al Gobierno de Canarias a expropiar las propiedades por ser "manifiestamente mejorables", y luego subastadas. El constructor Félix Santiago se hizo por 2,4 millones con esas propiedades.