La crisis de los móviles sigue dando que hablar en Telde. La alcaldesa de la localidad, María del Carmen Castellano (PP) no se anduvo ayer con rodeos y comunicó a la prensa, tras acudir a los actos pergeñados por la Concejalía de Cultura en la Casa de la Condesa del Valle de Jinámar, su firme propósito de continuar con su cruzada particular ante el hecho de que aún existan más de 400 funcionarios en el consistorio con un móvil pagado con fondos municipales.

"Al empleado público que esté sentado en una mesa o en un despacho con un teléfono fijo con el que pueda hacer su trabajo le quitaremos el corporativo", advirtió la primera autoridad tras confesar que el grupo de gobierno actual (PP, Ciuca y CC) también estudiará la opción de retirarles este artefacto a los más de cien policías locales que cuentan con él para su trabajo "si cabe la opción de que se comuniquen por otras vías, como son las nuevas emisoras".

Castellano insistió en que se quedó "muy sorprendida" cuando tomó posesión del cargo y descubrió que el anterior pacto (NC, PSOE y CCN) había dado de alta más de 600 líneas de telefonía móvil, 108 de ellas repartidas entre los presidentes de otras tantas asociaciones vecinales de la localidad.

"Nos pareció algo sobredimensionado y en una primera batida logramos retirar más de 200", matizó. "Nuestra intención, tras hablar con los sindicatos esta semana, es volver a hacer una revisión exhaustiva del mismo para continuar recortando gastos en este capítulo".

A este respecto, la alcaldesa aclaró que la mayoría de los móviles que están a nombre del Ayuntamiento de Telde tienen un límite de saldo mensual que suele rondar los 50 euros. Incluso los concejales con responsabilidades de gobierno tienen un tope en el gasto que algunas fuentes sitúan en 120 euros al mes, y entre los funcionarios los hay que sólo sirven para recibir llamadas, sin crédito alguno.

El único celular que no tiene límite alguno de restricción en la realización de llamadas es de la propia Castellano, quien puso especial énfasis en el hecho de que "la mayoría de los ediles y asesores de este grupo de gobierno usan a menudo su móvil personal para gestiones diarias".

La polémica ha surgido estos días después de que el PP denunciase que NC repartió más de 600 móviles entre los funcionarios, la policía local, los asesores, cargos de confianza y colectivos vecinales durante el anterior mandato. Los populares informaron el martes de que este despliegue tecnológico generó entre 2007 y 2011, facturas superiores a los 10.000 euros.