Una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado que el Ayuntamiento de La Aldea es el propietario de la mayor parte de los terrenos de Güigüi que la empresa Cortezo Inversiones S.A. pretendía registrar como suyos tras comprarlos en el año 2003 a una sociedad austriaca con sede en el Reino Unido, Pelerini Limited. La parcela, de unos 9 millones de metros cúbicos, está en litigio desde el año 1974, con sucesivas compraventas por parte de Protucasa, La Caja de Canarias y el empresario suizo Helmut Rahms.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por Cortezo Inversiones contra una anterior sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Santa María de Guía que también falló a favor del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. El Consistorio alega que esos terrenos son de propiedad municipal, como mínimo, desde el año 1870.
Aunque la empresa aún puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, la sentencia da la razón al Consistorio aldeano y aclara el futuro de la reserva natural especial de Güigüi, pues ya no será necesario expropiar ese suelo. La empresa Cortezo Inversiones dispone de otros 3 millones de metros cuadrados en la desembocadura del barranco de Güigüi, pero la protección medioambiental que tiene esa zona impide cualquier actividad urbanística. También quedan al descubierto los movimientos especulativos en torno a ese paraje natural de La Aldea , que junto a Veneguera es la única zona virgen de la costa de Gran Canaria.
Compraventas
Las playas de Güigüi estuvieron en el punto de mira de los promotores urbanísticos desde principios de los años setenta. En 1974, la entidad Promociones Turísticas de Canarias S.A. (Protucasa) promovió el expediente de dominio de las fincas pendientes de inscripción, que no se pudo concluir por la oposición del Ayuntamiento de La Aldea. La Caja de Canarias adquirió los terrenos a Protucasa en 1981, pero en enero de 1988 los vendió al empresario Helmut Rahms.
Un año y medio después, en una compraventa celebrada en la embajada de España en Viena, éste los cedió a la empresa Pelerini Limited, con sede social en una oficina de un restaurado convento de la localidad de Berkshire, Reino Unido. Finalmente, Cortezo Inversiones compró las fincas a Pelerini Limited el 20 de enero de 2003 y heredó el pleito con el Ayuntamiento sobre esos 9 millones de metros cuadrados. El precio de la venta que trascendió entonces fue el de 1,5 millones de euros.
En medio de esas compraventas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo declararon esa zona como reserva natural especial e incluso barajaron la compra o expropiación de todo ese suelo, tanto los 9 millones de metros en litigio como los 3 millones que pertenecen a Cortezo.
Pelotazo
En 2008, la empresa ofreció los terrenos al Cabildo por 40 millones de euros, pero el entonces grupo de gobierno del PSOE y NC rechazó la operación al entender que el valor real de esos terrenos no superaba los 5 millones de euros. La organización ecologista Ben Magec denunció un supuesto pelotazo con esos terrenos públicos, pues el precio que ofertaba la empresa al Cabildo era 165 veces mayor que el que pagó el suizo Helmut Rahms a La Caja de Canarias veinte años antes.
La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Emma Galcerán Solsosa, desestima los tres motivos que esgrimió Cortezo Inversiones para impugnar la sentencia del Juzgado de Guía. A juicio de empresa, hubo una incorrecta interpretación de la acción judicial al abordarlo como un supuesto de doble inmatriculación, una incorrecta valoración de la certificación del Registro de la Propiedad de 19 de septiembre de 2005, y una incorrecta interpretación de la distribución de la carga de la prueba. La sentencia impone el pago de las costas a Cortezo.
