El exalcalde de Firgas Sebastián Arencibia Mejías ha sido condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación administrativa.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Natalia Paula Suárez Acosta, firmó la semana pasada la sentencia contra el regidor del municipio norteño entre los años 2001 y 2005. El fallo destaca que Arencibia (PP) ordenó el derribo de un pórtico privado en una acción que constituyó "una ilegalidad patente, flagrante y fruto de su actuación caprichosa".
Los hechos que han quedado probados se remontan al 4 de septiembre de 1999, cuando José Manuel Galván inició la construcción de un pórtico a la entrada del camino de Los Risquillos, contra el que se incoó un expediente administrativo en el verano de 2004. En aquel momento, un arquitecto del Ayuntamiento informó desfavorablemente sobre la demolición de la construcción en dos ocasiones, algo que fue aprobado por la junta de gobierno esperando que Galván legalizase las obras o, en su caso, las devolviese "al estado original la realidad física alterada".
Un año después, en marzo de 2005, el alcalde de Firgas solicitó a otra arquitecta de la corporación un informe sobre el pórtico, que fue llevado de nuevo a una junta de gobierno. En este caso, se acordó dar diez días de plazo a los dueños de la obra para que tirasen la edificación, pero ellos interpusieron un recurso de reposición sobre el que no llegaron a obtener resolución alguna.
"Sin embargo, a pesar del informe de la arquitecta y del acuerdo de la junta de gobierno, el 28 de septiembre de 2005, unos operarios del ayuntamiento acudieron al lugar y derribaron el pórtico, destruyéndolo en su totalidad", asegura la juez en la sentencia. Todo ello pese al recurso interpuesto.
Orden de derribo
Lo esencial en este caso es conocer quién dio la orden de derribar el pórtico. Durante la vista oral, Sebastián negó reiteradas veces que fuera él. De hecho, dijo no saber quién la había dado y aseguró que nunca leyó el informe técnico de la arquitecta. En la sentencia, la juez defiende que su declaración "no es creíble", sobre todo porque tiene "la obligación de conocer los informes conforme a las funciones que tiene encomendadas y porque, además, era conocedor ya desde 2004 de la no procedencia de la demolición".
Uno de los operarios que tiró la construcción aseguró durante el juicio que la orden fue verbal, pero no recordaba quién se la había dado. Sí afirmó que era el alcalde quien mandaba y que lo llamó cuando el perjudicado se quejó del derribo. Él aseguró que aquel día el operario llamó a Sebastián Arencibia para contarle lo que pasaba y que éste le dijo que se fuese.
El exregidor de Firgas también ha sido condenado a pagar 1.110,69 euros a José Manuel Galván en concepto de indemnización por el derribo.
