Los parques eólicos del Sureste de Gran Canaria serán compatibles con la seguridad aérea, pero aún tendrán que pasar dos o tres años para ver en marcha los molinos de viento. Un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias desbloqueará la construcción de las plantas de energía eólica que están ahora afectadas por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gando, aunque es probable que no se puedan salvar todos los proyectos que fueron adjudicados en 2007 en el polémico concurso eólico de Canarias.
El acuerdo fue anunciado ayer por la viceconsejera de Industria y Energía del Gobierno canario, Francisca Luengo, durante una reunión con los promotores de los parques eólicos de los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, que suman casi el 70% de los adjudicados en la isla de Gran Canaria. Luengo se entrevistó el miércoles con representantes del Ministerio de Fomento y decidieron crear una comisión de trabajo para estudiar la viabilidad de cada uno de los quince parques que tienen informe negativo de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). La idea es salvar los máximos posibles, aunque es previsible que no todos puedan ser compatibles con las normas de seguridad en las cercanías del campo de vuelo de Gando.
Luengo ya había llegado al mismo acuerdo con los anteriores responsables socialistas de Fomento, pero la elaboración del informe quedó en el aire por el cambio de Gobierno en Madrid. "Se han perdido ocho meses, pero todos confiamos en buscar una solución para autorizar esos parques eólicos antes de fin de año", declaró la consejera, quien apuntó que el tiempo medio para instalar los molinos de viento es de casi dos años.
Perjuicios
Luengo dijo que Fomento ha aceptado sus planteamientos al conocer los perjuicios económicos que provocaría la desautorización de esas plantas eólicas. Eso supondría renunciar a 90 megavatios de potencia eléctrica a través de energías limpias. Producir ese energía con combustibles fósiles cuesta 22,8 millones de euros, una cantidad que habría que multiplicar por los veinte años de vida que tiene cada parque.
La anulación de las licencias también supondría un grave perjuicio para las arcas de la Comunidad Autónoma, pues los parques ya están adjudicados y las compensaciones a los promotores por el lucro cesante ascenderían a más de 60 millones de euros. Además, se dejarían de invertir los 109 millones de euros que cuesta la instalación de estas plantas de energía renovable, con la consiguiente pérdida de empleos.
Se calcula que en el mantenimiento de esos parques se crearán 579 puestos de trabajo fijos, mientras que en la construcción se necesitarán otros 1.400 trabajadores. Con esos 90 megavatios de energía limpia, la isla reduciría las emisiones de dióxido de carbono en 150.000 toneladas y dejaría de importar 16 toneladas de petróleo.
