Una promoción de 40 viviendas en la finca de Los Laureles, 12 personas sin casa tras una década de espera, más de 135 millones de pesetas de reclamación, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que invalida la calificación del suelo de la zona y unos compradores perjudicados que no sabían nada. Según declararon ayer, el promotor no les dijo nada y el Ayuntamiento les mintió al asegurarles que no existían problemas con las casas.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas inició ayer el juicio contra Juan H. M., el promotor de la urbanización Los Laureles, acusado de un delito de continuado de estafa. El fiscal pide una pena de seis años de cárcel mientras que los perjudicados la elevan a ocho.
La historia de los terrenos es compleja. Juan los compró el 11 de abril de 1995 con un convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento satauteño: a cambio de la construcción de las viviendas, le cedía a la corporación 20.000 metros cuadrados para un parque y seis parcelas. Además, uno de los vecinos debía desistir de un contencioso-administrativo interpuesto contra una orden de 1993 del Consejero de Política Territorial que calificaba los terrenos como urbanos.
Juan aseguró ayer que él desconocía que el juzgado había rechazado el desistimiento declarándolo extemporáneo porque la persona que llevaba esos asuntos "nunca" se lo llegó a decir. Si la notificación data de 1998, él se enteró de que el suelo era rústico cuando el Supremo le paralizó las obras.
En los contratos que firmó con sus clientes no aparecía el conflicto que existía sobre la catalogación del suelo -que ya se encontraba en duda- y por los que cobró más de 135 millones de pesetas. Los perjudicados afirman que nadie les advirtió de ello, ni el propio ayuntamiento que era una de las partes en ese contencioso. Uno de los perjudicados recordó que el concejal de Urbanismo hasta le felicitó por la compra cuando fue a preguntarle si todo estaba en regla. El juicio continúa con la declaración, entre otros, del exalcalde Carmelo Vega.
