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La amnesia de Urbanismo

La Audiencia reprocha a dos alcaldes y tres concejales de Santa Brígida el olvido de una sentencia que ilegaliza 40 chalés

 02:10  
El consejero del Cabildo Carlos Sánchez declaró ayer como testigo en la Audiencia de Las Palmas. | lp / dlp
El consejero del Cabildo Carlos Sánchez declaró ayer como testigo en la Audiencia de Las Palmas. | lp / dlp 

M. REYES
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Un secretario municipal y cinco políticos de Santa Brígida, entre ellos el actual consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, testificaron ayer ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que desconocían la prohibición de construir 40 chalés en la finca Los Laureles. La sentencia, que fue dictada en 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estableció que los terrenos en litigio eran rústicos de especial protección, pero ninguno de los exalcaldes y exconcejales de Urbanismo se acuerda del polémico asunto.

El desconocimiento de los testigos no pasó desapercibido para el tribunal, que mostró su "perplejidad" ante la actitud de los políticos, incluso les reprochó varias veces que no respondieran a las preguntas. "¿Cómo es posible que el máximo responsable de Urbanismo no supiera que una sentencia desclasificaba ese suelo de urbano a rústico?", inquirió la magistrada Eugenia Cabello. "En una comisión de gobierno se presentan muchos documentos y no se leen todos", respondió Carlos Sánchez. "Pero estamos hablando de una sentencia importante que anulaba las normas subsidiarias", replicó la jueza. "Sí, pero era una situación habitual porque el Plan General fue controvertido y se presentaron muchos recursos contra urbanizaciones que estaban en una situación similar a la de Los Laureles", concluyó Sánchez.

Tampoco se dieron por enterados de la existencia de la sentencia los exalcaldes Carmelo Vega y Marcelino Galindo. Este último llegó a decir que no quería saber "nada" de urbanismo porque en esa época se "hablaba mucho de especulación en Santa Brígida". Los exediles Rosa Bordes y Luis Troya se pronunciaron en términos similares a los anteriores testigos.

El juicio quedó visto para sentencia tras los informes finales de las partes. El fiscal reclamó seis años de cárcel contra el promotor Juan H. M. por un delito de estafa continuada, al tiempo que el abogado defensor, Francisco Mazorra, interesó la absolución. El letrado alegó que su cliente actuó sin ánimo de defraudar y con todos los beneplácitos y licencias del Ayuntamiento de Santa Brígida.

Las viviendas se vendieron entre 1996 y 2000. El fiscal y la acusación particular, ejercida por José Vicente Reig en representación de siete familias afectadas, también reclaman una indemnización cercana al millón de euros. Las casas están pendientes de demolición por orden del Tribunal Supremo.

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