Juan Hoyo Moreno, el promotor de la urbanización Los Laureles (Santa Brígida), ha sido absuelto del delito de estafa continuada del que le acusaban la Fiscalía y varios compradores afectados, que nunca recibieron sus casas al ser paralizadas las obras por el Ayuntamiento de Santa Brígida tras notificarse una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2001 que declaraba los terrenos sobre los que se asentaba la promoción de unos 40 chalés como suelo rural de especial protección.

Una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que es ponente Pedro Carballo Armas, expone que en el juicio debió quedar probado el elemento medular de cualquier estafa, el engaño, algo que "en realidad no ha resultado así".

El fallo, que exonera al promotor de hacer frente a los 135 millones de euros que en su momento invirtieron los compradores en las casas y que le salva de una pena de cárcel que oscilaba entre los seis años que pedía la Fiscalía y los ocho que solicitaba la acusación particular, entiende que Hoyo nunca engaño a sus compradores ya que en los contratos que celebró con ellos existía una cláusula en la que reconocían cuál era la legalidad urbanística de las parcelas. Varios de los compradores aseguraron en el juicio, además, que se habían interesado por la situación de las parcelas, "donde siempre les manifestaron que todo estaba bien, que no había ningún problema". De hecho, sigue el fallo, "en algunos casos hasta los felicitaron por la compra de la vivienda".

El problema que existía con las parcelas ya se había puesto de manifiesto antes de la firma de los contratos de compraventa de las casas, que se celebraron entre los años 1996 y 2000. En 1995, una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), anulaba la Orden de 21 de junio de 1993 del Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias que declaraba los suelos como urbanos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que la secundó en 2001.