"La fincas inscritas a favor del Ayuntamiento de La Aldea no coinciden con las de Cortezo". Con ese argumento principal, la empresa Cortezo Inversiones SA ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia que concede la razón a la Corporación sobre la titularidad municipal de los terrenos de Guguy, una parcela de unos nueve millones de metros cuadrados que está en litigio desde 1974, tras sucesivas compraventas por parte de Protucasa, La Caja de Canarias y el empresario suizo Helmut Rahms.

El promotor Jaime Cortezo heredó el pleito en 2003 al comprar las fincas a la sociedad Pelerini Limited. Desde entonces, los jueces han fallado dos veces a favor del consistorio aldeano, la última el pasado 28 de mayo, fecha en la que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María de Guía. Ambas resoluciones niegan al empresario el derecho sobre la propiedad de las fincas porque ya están registradas a favor del Ayuntamiento desde 1870.

Sin embargo, la abogada que representa a Cortezo Inversiones, María Sandra Rodríguez García, ha alegado cinco motivos de casación contra la sentencia. En líneas generales, la letrada considera que el tribunal ha incurrido en "error" y "falta de motivación" en la resolución del pleito, pues las parcelas "no están inscritas a nombre de nadie", por lo que "no existe una doble matriculación" en el Registro de la Propiedad de los terrenos en disputa. Dicho con otras palabras, el empresario promueve una acción declarativa de dominio sobre unos bienes que supuestamente nunca han estado registrados.

Además, según la abogada, la sentencia "se basa en la presunción de que las fincas son las mismas", cuando el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás de Tolentino no ha practicado "prueba alguna" para demostrar ese extremo.

La recurrente considera que los certificados del Registro de la Propiedad aportados por el Consistorio son erróneos, pues datan de 1870 y no coinciden con informes más recientes de la Gerencia Territorial del Catastro, un organismo que depende del Gobierno de Canarias.

Para tratar de acreditar ese punto, la representación del empresario solicita al Tribunal Supremo que admita como prueba el informe pericial realizado por un ingeniero técnico en topografía. El especialista, que se basa en los planos de Grafcan para emitir el dictamen, los mismos que usa Gerencia Territorial, concluye que "las propiedades del Ayuntamiento lindan con las de Cortezo Inversiones, pero sin sobrepasar ni estar sobrepuestas a ellas". La abogada añade que "la situación de las propiedades de ambas partes puede ser resuelta con la certificación del Catastro".

Esa certificación, según el recurso de casación presentado, sitúa la parcela de la Corporación entre la montaña de Tasartico y El Lechugal, es decir, "totalmente desplazados de la zona de Guguy". También señale que se han interpretado mal los linderos. El recurso se interpone ante la Audiencia Provincial, pero deberá resolverlo el Supremo.

Las playas y el barranco de Guguy estuvieron en el punto de mira de los promotores urbanísticos desde principios de los años setenta. En 1974, la entidad Promociones Turísticas de Canarias SA (Protucasa) ya promovió un expediente de dominio de las fincas pendientes de inscripción, pero la tramitación no se pudo concluir por la oposición del Ayuntamiento de La Aldea. La Caja de Canarias adquirió los terrenos a Protucasa en 1981, pero en enero de 1988 los vendió al empresario Helmut Rahms.

Reserva natural

Un año y medio después, en una compraventa celebrada en la embajada de España en Viena, Rahms cedió las fincas a la empresa Pelerini Limited, con sede social en una oficina de un restaurado convento de la localidad de Berkshire, Reino Unido. Finalmente, Cortezo Inversiones compró las fincas a Pelerini Limited el 20 de enero de 2003 y heredó el pleito con el Ayuntamiento sobre esos nueve millones de metros. El precio de la venta fue de un millón y medio de euros.

En medio de esas compraventas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo declararon esa zona como reserva natural especial, incluso barajaron la compra o expropiación del suelo, tanto de los nueve millones de metros en litigio como de la parcela de tres millones que pertenece a Cortezo.