El caos contable hallado tras una auditoría interna realizada en el área de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria se encuentra bajo investigación penal en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Un extécnico del Cabildo de Gran Canaria, Rafael Ramírez, denunció en 2011 "el despilfarro de dos millones de euros" que se había realizado en los centros de menores durante los años 2009 y 2010, cuando se encontraban al mando el exconsejero de Política Social y Sociosanitaria, Pedro Quevedo, y el exdirector general de Asuntos Sociales, Antonio Gil.

La denuncia, interpuesta inicialmente ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y coacciones contra él, fue archivada tras una investigación de oficio del Ministerio Público. Sin embargo, el denunciante acudió a los juzgados capitalinos, donde recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

La magistrada titular de dicha sede, Ana de Vega, archivó también el caso que, sin embargo, fue reabierto parcialmente a finales de 2011 tras un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que se le pedía a la instructora que investigase la "existencia de irregularidades en el procedimiento administrativo para la formalización de nuevos convenios con entidades sin ánimo de lucro y con ayuntamientos en materia de centros de atención a menores para el año 2010".

En este sentido, la Sala entendió que debía investigarse la afirmación contenida en la denuncia de Ramírez de que se produjo "una sobreoferta abultada de plazas en la red de Centros de Menores en 2009 y primeros meses de 2010 [lo que produjo un gasto de dos millones de euros]" ya que, explicaba el auto que ordenaba la reapertura del caso, "los hechos supuestamente afectan a la gestión de fondos públicos y, por tanto, al interés general".

La denuncia por acoso laboral que también había presentado Ramírez, sin embargo, fue desestimada por la Audiencia Provincial porque el denunciante debía haber acudido primero a la vía contencioso-administrativa.

Causa paralizada

El procedimiento se encuentra en la actualidad paralizado en el juzgado después de que en una providencia fechada el pasado mes de abril la juez pidiese a la abogada de Ramírez, Pino López Acosta, que le comunicase qué diligencias quería que se practicaran. Según confirmó ayer la letrada, solicitaron la realización de varias testificales y una pericial, pero aún no han recibido fecha para llevarlas a cabo.

En el pleito interpuesto por Ramírez, se denuncia el proceder de Quevedo, de Gil y de Francisco Hurtado González; de la exconsejera de Recursos Humanos y Organización, Teresa Mayoral Fernández; del interventor de la Corporación, José Juan Sánchez Arencibia; del exsecretario Sergio Ramírez Rivero y los jefes de servicio, Juana María Sánchez Rodríguez, Francisco Javier Pérez Montesdeoca y José Juan Marín Hernández.

Ninguno de ellos, sin embargo, se encuentra encartado en la causa puesto que, como señaló la abogada, "nunca han sido llamados a declarar como imputados".

Un servicio en peligro

No obstante, durante la investigación inicial que realizó la Fiscalía y que fue archivada, sí declaró Gil. El que fuera responsable del departamento de Asuntos Sociales, contestó a la fiscal de Menores que él actuó "como debía en su momento porque su objetivo era que no se paralizara del servicio", explicó ayer.

Ramírez, que se negó a aceptar el procedimiento de contratación pública en lugar de los convenios, provocó una parálisis en la gestión a lo largo 2010. Su postura le generó graves conflictos con Quevedo y fue expedientado. Cuando el funcionario se percató de que los convenios y expedientes de contratación iban saliendo adelante sin su firma, presentó la denuncia, en la que también se quejaba de un supuesto acoso laboral contra él.

Pese al expediente, el denunciante siguió en su puesto tras la entrada del PP en el gobierno insular. Sin embargo, tras el relevo de Francisco Santana, la nueva consejera, Rosa Rodríguez, lo ha trasladado al área de Obras Públicas.