El gasto en los cargos públicos del Cabildo de Gran Canaria ha pasado del enfrentamiento partidista al terreno de los misterios irresolubles. Ni las matemáticas permiten saber ya el número de políticos y asesores que tiene la corporación y lo que cobran en total. Las diferencias entre los datos que ofrecen el gobierno y la oposición son cada vez mayores, como se reflejó en el Pleno de ayer.
La última remodelación del equipo de José Miguel Bravo de Laguna generó un nuevo debate sobre los gastos de personal y el portavoz del PP, Carlos Sánchez, ofreció el último recuento oficial en gastos de personal, que arroja la cifra de 3.345.339 euros anuales, lo que supone un descenso de 1.150.987 euros respecto a lo que gastaba el anterior gobierno del PSOE y Nueva Canarias.
Sin embargo, las cuentas de la oposición son muy dispares y aseguran que la reducción es de apenas 600.000 euros, con la sospecha de que haya más cargos de confianza camuflados en empresas públicas o contratas. Incluso con esa merma en el gasto, el argumento de los socialistas y de los dos grupos nacionalistas, NC y PP, es que Bravo de Laguna incumple el compromiso electoral del PP de reducir las consejerías de gobierno a doce y dejar en la mitad el número de asesores.
Carlos Sánchez no reveló el número de asesores, pero aseguró que los cargos políticos suponen ahora un gasto de 1.179.693 euros frente a los 1.292.216 euros del mandato anterior, lo que significa un ahorro de 112.522 euros. Además el Cabildo destina ahora 304.073 euros a sueldos de cargos directivos, 1.394.893 euros a eventuales, 248.323 euros a organismos autónomos y 218.355 euros a sociedades mercantiles. En total, 3.345.339 euros frente a los 4.230.741 euros de la etapa anterior, lo que supone 885.375 euros menos. Con el cálculo de lo que cuesta la Seguridad Social de esos cargos políticos, el ahorro total es de 1.150.987 euros.
Liberados
Frente a esas cifras, el portavoz de NC, Carmelo Ramírez, dijo que la disminución es de 603.352 euros, lo que significa que el gasto en personal liberado respecto al mandato anterior es de un 19,9%. Según su recuento, aparte de las dieciséis consejeros de gobierno, actualmente hay 52 cargos de confianza, con un coste de 2.425.438 euros. En la etapa del socialista José Miguel Pérez había 61 cargos de confianza, por lo que el PP tendría que reducirlos a 30 para cumplir su promesa electoral, según Ramírez.
El Gobierno y los grupos opositores también mantuvieron una agria discusión sobre el transfuguismo del consejero Antonio Hernández Lobo, que se incorporó al gobierno del PP a principios de agosto y tiene abierto un expediente de expulsión.
Fernando Bañolas acusó a su excompañero Hernández Lobo de traicionar a CC, pero también cargo contra Bravo de Laguna y el vicepresidente Juan Domínguez, antiguo aliado del CCN, que a su juicio "se vendió por un sueldo" y por la promesa de contratar a "un montón de asesores".
