Carmelo Vega sufrió ayer una crisis de ansiedad muy fuerte en el juicio que se celebraba contra él por un delito de prevaricación relacionado con su etapa al frente del Ayuntamiento de Santa Brígida en 2000. El exalcalde, que arrastra graves problemas de salud, se quedó sin aire en pleno interrogatorio y tuvo que ser asistido de urgencia por Enrique Zaragoza, el médico forense que estaba de guardia en los Juzgados de la capital grancanaria.

Zaragoza tuvo que usar una bolsa de plástico para ventilar y dar oxígeno al exregidor, al tiempo que le cogía de las manos y trataba de tranquilizarlo para que recuperara la normalidad respiratoria, pues Carmelo Vega tenía síntomas evidentes de asfixia.

El incidente se produjo en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 4, a los pocos minutos de que la acusación particular comenzara su interrogatorio, mientras más de 10 testigos aguardaban en los pasillos de Granadera Canaria para prestar declaración, entre ellos el actual consejero de Obras Públicas del Cabildo, Carlos Sánchez Ojeda, en su momento concejal de Urbanismo en Santa Brígida.

Y es que, una vez más, el asunto que ayer sentó a Vega en el banquillo está vinculado a las controvertidas licencias concedidas por el Ayuntamiento satauteño tras la anulación, en 1993, de sus Normas Subsidiaras por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), una sentencia que ha sido ratificada seis años después por el Tribunal Supremo (TS).

Sin embargo, en este caso, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo solicita la absolución del exalcalde, pues considera que el permiso concedido para construir 14 viviendas en la zona de Los Palmerales goza de informes favorables, además de fundamentarse en una ordenanza que no está afectada por el fallo judicial del TSJC.

No lo ve así la acusación particular, que reclama nueve años de inhabilitación para Carmelo Vega por un delito de prevaricación, así como una multa de 24 meses.

El abogado privado sostiene que el entonces regidor actuó "arbitrariamente", ya que "omitió de forma consciente" su obligación de acordar la suspensión de la eficacia de la licencia, además de la paralización inmediata de las obras que se ejecutaban al amparo de la misma.

Ante el achaque del imputado, la juez suspendió el juicio y no señaló para el 21 de enero.