Valleseco, Artenara y Tejeda echan a andar el proyecto para unificar sus servicios públicos, comenzando por la basura y la luz. El nuevo Consorcio de Cooperación Interadministrativa de la Cumbre, que ayer fue presentado en Artenara a los distintos grupos políticos de los tres municipios, permitirá ahorrar casi un 50 % en el coste de la recogida de la basura e incrementar la frecuencia de paso en los distintos núcleos urbanos, además de rebajar la factura del alumbrado. La iniciativa, que no supondrá un coste añadido por la contratación de personal, contempla cláusulas de penalización de hasta 300.000 euros para evitar que los impagos arrastren al resto de localidades.

Tres municipios distintos, pero con servicios compartidos para sus 9.000 habitantes. Este es el objetivo del nuevo consorcio de los ayuntamientos de la Cumbre, que pretenden unificar servicios para ahorrar costes y compartir personal para acometer una gestión menos gravosa para el bolsillo de los ciudadanos y más eficaz.

El nuevo órgano de gestión entre administraciones fue presentado ayer a los distintos grupos políticos de gobierno y la oposición en un acto celebrado en Artenara, si bien se echó en falta la presencia de todos los partidos invitados.

El consorcio se centrará en un primer momento en sacar a concurso la gestión de la recogida de basura en los tres municipios, que permitirá ahorrar casi 3.000 euros al mes a Valleseco (el 50 %), mientras en Tejeda y Artenara servirá para mejorar la calidad y la frecuencia de paso por los núcleos de población. Hasta ahora Tejeda lo hacía directamente, y en los otros dos casos se había alargado el contrato. A su vez, gestionarán de forma conjunta el servicio de alumbrado público, que ahorrará su coste. Pero no son los únicos casos, según el alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia, quien señala que la idea es continuar con otras prestaciones, sin necesidad de contratar a nuevo personal para mejorar la eficacia y rebajar costes. Incluso, compartiendo trabajadores.

El consorcio tiene también obligaciones para evitar una disolución unilateral e interferencias por cambios políticas. Las cláusulas de sanciones llegan a 300.00 euros, sobre todo cuando alguno de los pueblos se convierte en moroso, lo que podría arrastrar al resto. Por eso los acuerdos de gestión compartida se aprueban por unanimidad.