La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria emplazó ayer a las administraciones públicas y la cadena hotelera Riu, "desde una posición constructiva y colaboradora", a revisar sus criterios de intervención en el hotel Maspalomas Oasis para favorecer "la conservación y rehabilitación del exiguo patrimonio que contamos en Canarias". También solicitó "la mayor vigilancia del planeamiento municipal con el fin de evitar que situaciones como esta se repitan".

Al tener conocimiento de la propuesta para la demolición del complejo turístico, la Junta de Centro de la Escuela de Arquitectura se reunió ayer y emitió un pronunciamiento en el que señala que "no parece justificado escudarse en la falta de protección del planeamiento municipal, que aunque en derecho asiste, no deja de poner a la luz que en la redacción de tales documentos, han sido obviadas variables que hoy evitarían esta discusión, pues una actuación ajustada habría considerado la protección de este inmueble al encontrarse valorado, y accesible para su revisión, en un catálogo de autoridad internacional como es el Docomomo (Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno), el cual está suficientemente conocido y difundido".

Pérdida irreparable

Tras aclarar que la intención "no es paralizar, o ralentizar el proceso para el desarrollo y actualización de la planta alojativa turística de nuestro entorno", la Escuela de Arquitectura señaló que desde su responsabilidad como entidad académica, comprometida necesariamente con la enseñanza, investigación y la cultura, está convencida de que "es posible" la modificación de los criterios de intervención previstos, sin daños para la propuesta promotora.

"Pedimos un esfuerzo para realizar acciones que combinen el desarrollo turístico con la conservación de un patrimonio edificado de valor acreditado. Su demolición constituiría además de una pérdida irreparable, un demérito de nuestra sociedad frente aquellos organismos, con evidente proyección posterior a las sociedades que son usuarias de nuestras instalaciones turísticas", apuntó.

Este documento se envió al Rector de la ULPGC, al presidente del Gobierno canario, al presidente del Cabildo, al alcalde de San Bartolomé, a Riu y a la Fundación Docomomo.