El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, reclamó ayer al Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que absuelva a Carmelo Vega. El exalcalde de Santa Brígida se sentó en el banquillo acusado de prevaricación y contra la ordenación del territorio, pero el fiscal considera que el político no cometió ninguno de los dos delitos durante su etapa al frente del Ayuntamiento en 2000, cuando autorizó la construcción de 14 viviendas en Los Palmerales.

"Si concedí la licencia es porque contaba con informes favorables de los técnicos", respondió Vega a preguntas del Ministerio Público. El exregidor de Independientes por Santa Brígida, que arrastra graves problemas de salud, ya se sentó en el banquillo por esos hechos en octubre del año pasado, pero el juicio se suspendió porque el imputado sufrió una crisis de ansiedad y el médico forense de guardia tuvo que asistirlo de urgencia en pleno interrogatorio. No ocurrió lo mismo ayer, pues la vista oral se desarrolló con normalidad y el proceso quedó visto para sentencia.

El fiscal se apoyó en un informe pericial para concluir que el permiso para edificar las casas gozaba de informes favorables, además de fundamentarse en una ordenanza que no estaba afectada por la anulación de las Normas Subsidiarias de Santa Brígida.

Sin embargo, la acusación particular, que reclama nueve años de inhabilitación por cada uno de los dos delitos, considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sí afectaba a la ordenanza, por lo que obligaba al Ayuntamiento a incoar un expediente para revisar la licencia y acordar la suspensión de la ejecución de las obras.

El letrado preguntó a dos altos cargos de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac), Juan José Santana Rodríguez y Pedro Gómez Jiménez, por qué no adoptaron medidas para frenar los trabajos de construcción, pero ambos descargaron esa responsabilidad en la Corporación local. El tercer testigo de relevancia era el secretario del Ayuntamiento en ese entonces, Marcelino López Peraza, pero el funcionario no recordaba si el TSJC había notificado al Consistorio una sentencia tan trascendental como esa que tumba las normas urbanísticas del municipio, la cual ha desencadenado una cascada de pleitos penales y administrativos. Ese fallo judicial fija para la zona de Las Palmeras una tipología de construcción tipo Ciudad Jardín, de unos siete metros de altura, cuando la licencia autorizaba casi el doble de edificación.