La investigación policial sobre las licencias en el ocio nocturno tiene sus antecedentes en la batalla emprendida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana contra algunos locales de copas de Playa del Inglés por el incumplimiento sistemático de los horarios de cierre y del nivel de ruido. Según las fuentes consultadas, el caso que indaga el Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Maspalomas se inició con la solicitud de una licencia de ampliación de horario por parte de una empresaria de discoteca, que fue tramitada a través de un funcionario del área de Disciplina Urbanística en ausencia de los responsables políticos.

Esa es "una práctica habitual" en el Ayuntamiento sureño por la dispersión de departamentos entre las oficinas de Maspalomas y las Casas Consistoriales de Tunte, según explicaron fuentes municipales, que precisaron que los concejales suelen dar su autorización por teléfono al funcionario y firman después, para no hacer esperar al solicitante.

En el caso que se investiga, el concejal Ignacio Casteleiro participó en un dispositivo policial contra una discoteca al creer que estaba incumpliendo el horario de cierre. Tras un forcejeo en la puerta, la empresa mostró el documento que le permitía cerrar tres horas más tarde, donde figuraba la firma del propio Casteleiro.

Ante ello, el concejal ordenó una investigación interna entre los funcionarios municipales para aclarar lo ocurrido y el asunto incluso fue motivo de una pregunta de Nueva Canarias en el Pleno del 3 de diciembre. Según Casteleiro, se decidió remitir a los Juzgados el resultado de la investigación interna por recomendación de la letrada de Disciplina Urbanística. A partir de ahí se inician las averiguaciones policiales y una de las primeras personas citadas a declarar fue la empresaria de la discoteca que se benefició de la licencia para ampliar el horario.

Desde hace años, por los sucesivos incumplimientos en los locales de ocio nocturno, incluso con denuncias y sentencias judiciales de por medio, la Policía Nacional y la fiscalía cuestionan la eficacia del Ayuntamiento para poner fin a los ruidos y a los botellones de fin de semana. Por tanto, están investigando las licencias concedidas en los ocho últimos años e interrogando a los empresarios sobre hipotéticos pagos a funcionarios o políticos a cambio de mantener la situación irregular de sus establecimientos.

Según las fuentes, la empresaria negó que pagara al funcionario que le tramitó el permiso, pero a continuación dijo que sí había pagado 500 euros al concejal. Casteleiro, que al asumir el cargo se comprometió a acabar con los ruidos nocturnos, está ahora fuera de la política y en el centro de la telaraña.