El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) busca de manera urgente dos magistrados para poder enjuiciar el caso Europa en la fecha señalada. La vista oral está fijada para mañana, el jueves y el viernes, pero un error al designar los jueces podría retrasar el comienzo de un plenario llamado a convertirse en la primera investigación contra la corrupción que llega a juicio.

En la causa hay seis acusados por la construcción de vivencias sociales en Telde a cambio de supuestos favores, entre ellos el parlamentario del Partido Popular Jorge Rodríguez. Por eso, al ser aforado, la competencia para celebrar la vista recae en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

Sin embargo, el presidente del tribunal canario, Antonio Castro, se ha visto obligado a dejar sin efecto el nombramiento de los dos magistrados que iban a componer el órgano juzgador junto a él: Ángel Miguel Martín Suárez y Ramón Jesús Toubes, ambos jueces de refuerzo en la Sala de lo Social del TSJC.

Los dos magistrados impugnaron su nombramiento al considerar que el presidente del TSJC no siguió las normas establecidas para realizar este tipo de designaciones, las cuales determinan en qué orden deben ser llamados los diferentes magistrados de otros órganos cuando se necesita completar la Sala de lo Civil y Penal.

Según la reforma reciente de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), uno de esos criterios establece que se llame primero a los magistrados que menor carga de trabajo tengan y siempre dentro del mismo orden jurisdiccional, en este caso el penal, extremo que no se ha cumplido. De hecho, en un resolución hecha pública ayer, el propio Antonio Castro admite el error y concede la razón a los dos jueces en el recurso de reforma que presentaron.

El presidente del TSJC, además, revoca esos nombramientos, ambas acordados a principios de febrero, porque las defensas podrían utilizar ese error en la composición de la Sala para reclamar la nulidad de las actuaciones, con el argumento de que se ha vulnerado el derecho constitucional a ser enjuiciado por el juez predeterminado por la ley, según la resolución.

Tras la controvertida decisión, el presidente del TSJC ha abierto un nuevo proceso para completar la Sala de lo Civil y Penal de acuerdo con las normas que fija la LOPJ en su reciente reforma. Castro reunió ayer a la Sala de Gobierno, pero las fuentes consultadas aseguran que no se abordó ese tema. El tiempo juega en su contra porque el juicio está señalado para mañana y tiene que nombrar a dos magistrados o aplazarlo. Su intención es mantener la fecha acordada.