El Pleno del Cabildo de Gran Canaria, con la unanimidad de todos los grupos políticos, exigió ayer una investigación "hasta las últimas consecuencias" sobre las irregularidades en el padrón municipal de Santa Cruz de Tenerife y reclamará que se compense a todas aquellas instituciones que han sido perjudicadas en el reparto de los fondos del Estado y de la Comunidad Autónoma, que en el caso de Gran Canaria podrían ascender a unos 15 millones de euros. De esa cantidad, 10 millones corresponderían al propio Cabildo y los otros cinco millones al conjunto de los 21 municipios de la isla.
El acuerdo del Pleno surgió tras el debate de dos mociones, una de Nueva Canarias y otra del Partido Popular, e insta al Gobierno central, al Instituto Nacional de Estadística (INE) y al Consejo de Empadronamiento a que analicen lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife para después "revisar y publicar los padrones de todos los municipios de Canarias anteriores al 1 de enero de 2012".
También se encomienda a los Servicios Jurídicos del Cabildo a emprender todas las acciones que considere oportunas para defender los intereses de las instituciones de Gran Canaria que hayan podido resultar perjudicadas por el "inflado" de las cifras de población de Santa Cruz de Tenerife y otros municipios de la provincia occidental. Según los últimos datos, en esos censos aparecen hasta 45.000 personas de más, lo que triplica las primeras cifras del presunto fraude en el padrón de la capital tinerfeña.
Firmeza
El presidente José Miguel Bravo de Laguna dijo que "es un tema grave que hay que tratar con firmeza y sin demagogia para intentar cuantificar el perjuicio económico al Cabildo". A su juicio, no basta con aprobar una moción para reclamar la compensación por la presión política, sino hacerlo por la vía administrativa o judicial.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, señaló que en uno de los estudio de incidencias en toda España, sobre 46 millones de habitantes, el INE detectó 17.800 personas sin Documento Nacional de Identidad, de los 12.500 corresponden a Santa Cruz. Por su parte, la socialista Carolina Darias consideró que esta situación es "escandalosa " y podría suponer incluso un delito de fraude electoral.
