La urbanización Los Laureles, en Los Lentiscos (Santa Brígida), lleva varios años paralizada debido a problemas judiciales y económicos. Esa situación ha generado que paulatinamente diversas personas hayan ocupado de manera ilegal los 40 dúplex y tríplex sin terminar. Ya no quedan plazas libres ya que están ocupadas todas las viviendas.
Precisamente esa situación de saturación ha provocado un conflicto entre ocupantes en los últimos días que ha acabado con la intervención de las fuerzas de seguridad. Tanto la Policía Local de Santa Brígida como la Guardia Civil de San Mateo han tenido que actuar para aplacar las iras de algunos inquilinos.
La intervención policial se produjo después de iniciarse una disputa entre un inmigrante ruso que ocupaba una vivienda y un canario que pretendía instalarse en una contigua que estaba vacía pero que el extranjero reservaba para un compatriota. Ambos llegaron a las manos y finalmente tuvo que intervenir la policía.
Este episodio fue la gota que colmó el vaso, aunque realmente, según varias denuncias de los vecinos, las trifulcas entre los inquilinos ocupas suelen producirse de manera habitual "ya que se mezclan exreclusos con drogadictos y gente de mal vivir". Los ocupas proceden preferentemente de Santa Brígida, San Mateo y Las Palmas de Gran Canaria.
Según vecinos consultados, aunque la urbanización parece abandonada en su exterior, por dentro los chalés adosados están en buenas condiciones. "Algunos tienen incluso paneles solares", afirman. La urbanización se paralizó porque un vecino denunció que se estaba construyendo en terreno rústico. El promotor inmobiliario echa la culpa al ayuntamiento satauteño y éste se lava las manos y responsabiliza al constructor. El consistorio lo presidía por aquel entonces Carmelo Vega.
Reclamación
"Hay gente de Santa Brígida, unos muy famosos que les apodan Los Nísperos, un negro que lleva quince años en Santa Brígida y aun no tiene nacionalidad española, otros de Las Palmas y San Mateo y los hay hasta rusos viviendo allí", asegura un vecino. Al parecer "no queda ningún tríplex vacío ya que están todos llenos de ocupas", añade.
El BBVA exige ahora una reclamación patrimonial al ayuntamiento de seis millones de euros por las hipotecas otorgadas a los compradores de los 40 chalés. El caso de esta urbanización inacabada ha llegado a los tribunales. En el juicio se vio la promoción de las 40 viviendas, doce personas que se quedaron sin casa tras una década de espera, más de 135 millones de pesetas de reclamación, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que invalida la calificación del suelo de la zona y unos compradores perjudicados que desconocían su situación. Los vecinos afectados declararon en la vista oral que el promotor no les dijo nada y el Ayuntamiento les mintió al asegurarles que no existían problemas con las casas.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó a Juan H. M., el promotor de la urbanización de Los Laureles, acusado de un delito continuado de estafa. El fiscal pidió una pena de seis años de cárcel mientras que los perjudicados la elevaron a ocho.
El promotor compró los terrenos el 11 de abril de 1995 con un convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento satauteño, por el que a cambio de la construcción de las viviendas le cedía a la corporación 20.000 metros cuadrados para un parque y seis parcelas. Además, uno de los vecinos debía desistir de un contencioso-administrativo interpuesto contra una orden de 1993 del consejero de Política Territorial que calificaba los terrenos como urbanos.
El promotor
El promotor aseguró en el juicio que él desconocía que el juzgado había rechazado el desistimiento declarándolo extemporáneo porque la persona que llevaba esos asuntos nunca se lo dijo. Si la notificación data de 1998, él se enteró de que el suelo era rústico cuando el Supremo paralizó las obras.
En los contratos que firmó con sus clientes no aparecía el conflicto que existía sobre la catalogación del suelo y por los que cobró más de 135 millones de pesetas. Los perjudicados afirman que en su día nadie les advirtió de ello, ni el propio Ayuntamiento, que era una de las partes en ese contencioso. Uno de los perjudicados recordó que el concejal de Urbanismo hasta le felicitó por la compra cuando fue a preguntarle si todo estaba en regla. Ahora los dúplex se han convertido en una imagen de ruina.
