"La ley turística es mala y peor para Gran Canaria"

Nueva Canarias dirá lo mismo en esa y en cualquier otra reunión, lo que está en nuestras enmiendas, lo mismo que hemos dicho en el Pleno del Cabildo y hemos defendido en el Parlamento. A ver si todo el mundo es capaz de mantener la misma posición en todos esos ámbitos. No sabemos en qué va a consistir el acto ni quién va a participar. Lo que sí decimos es que una reunión de estas características puede justificarse por esta ley turística o por el abandono del tomate, o por el incumplimiento del convenio de carreteras, o por la eliminación del Plan de Empleo de Canarias en los presupuestos del Estado. Gran Canaria y Canarias tienen motivos para alarmarse con lo que nos pasa, no solo por la ley turística. En esta isla podemos encontrar hasta diez situaciones graves de interés general que deben promover encuentros de todos los sectores sociales, económico y políticos para reclamar alternativas.

¿Qué argumentos llevará a Nueva Canarias esa reunión?

Esta ley es mala para Canarias y peor para Gran Canaria. Se ha elaborado en un despacho y sin un conocimiento de causa de cómo ha evolucionado la realidad el sector turístico en la última década. Había una obligación legal para cuando se modificaran las reglas y consistía en que el Gobierno tenía que llevar al Parlamento una comunicación que dijera qué ocurrió con la renovación en los últimos diez años, qué pasó con las nuevas instalaciones y cómo está la situación del mercado. Se hizo una ley a ciegas, sin saber como ha evolucionado el turismo. Hemos sido muy críticos con el Gobierno porque promovió una ley que le falta el análisis de campo y además se hizo con escasísimo consenso. Cuando se actúa sobre sectores estratégicos hay que hacerlo con una gran mayoría. Yo tengo un buen ejemplo. La Ley de Directrices del año 2003 se hizo con acuerdo de los ayuntamientos, de los cabildos, de las patronales, de los sindicatos, de los colegios profesionales y por unanimidad del Parlamento. En esta ley ha habido poquísimo debate. Es más, la polémica se dispara la última semana, cuando llevábamos desde noviembre con la tramitación. Yo escribí tres artículos de opinión y NC emitió una docena de comunicados advirtiendo de las consecuencias; son otros los que se desayunaron una semana antes con la gravedad de esta ley. Fuimos nosotros los que informamos a los presidentes de los cabildos sobre la involución del texto mientras se tramitaba en el Parlamento. De hecho, el presidente Bravo de Laguna se enteró por mí de las modificaciones que introdujo el propio PP a la ley y que dejan el planeamiento insular en papel mojado. Hemos perdido la oportunidad de tener una sola ley turística; ahora tenemos siete normas, con la inseguridad jurídica que eso genera.

¿Qué habría que cambiar en la nueva ley turística?

Tenemos varias discrepancias. La primera es que no se respetan los planes insulares y municipales adaptados a las Directrices, y NC es el único grupo que ha peleado para que se respete . El PP presentó una enmienda en el trámite parlamentario que ha endurecido la ley, porque antes los planes insulares obligaban a los Planes de Mejora y Modernización (PMM) y ahora, a instancias del PP, solo son recomendaciones. También fue NC la que presentó una moción en el Cabildo el día antes de la aprobación de la ley y allí ya pedimos que se respete el modelo turístico decidido en cada territorio. En segundo lugar, hemos sido claros en decir que la rehabilitación hotelera necesita créditos e inversión pública. La renovación no va a producir grandes cambios solo con los incentivos edificatorios y de camas. Tres, hemos dicho que la ley no tiene en cuenta el intrusismo y la residencialización. Y por último denunciamos que ya no hay moratoria, se han acabado las limitaciones. Ahora se pueden hacer todos los hoteles de cinco estrellas que se quieran y se puede ocupar todo el suelo calificado, aunque es cierto que la demanda no va por ahí. Se pueden hacer todas las villas que se quieran, y ese modelo sí que ocupa suelo y no genera empleo. Hay barra libre para las villas y eso lo apoyó el PP, CC y el PSOE.

Bravo de Laguna y la patronal pretenden centrar la batalla en los hoteles de cuatro estrellas. ¿Está de acuerdo?

Tras seis o siete años de tramitación, en Gran Canaria tenemos un modelo turístico decidido de forma colectiva y democrática, y eso debe respetarse. Proponemos un límite cuantitativo del 1% anual, pero estamos dispuestos a negociar ese porcentaje de las camas instaladas. ¿Sobre qué parámetros? Pues a partir de las cuatro estrellas, porque en Gran Canaria hay un modelo que tiene un déficit de ese tipo de hoteles. Ocurre que en Tenerife o en Fuerteventura no es necesario crecer en esa franja de la oferta y en Gran Canaria sí. Es el PP el coincide con nosotros en esa materia. En ese sentido, unos pueden hablar menos que otros.

¿A qué se refiere?

Hace tres años se aprobó una ley, la de Medidas Urgentes, que estableció un crecimiento limitado a hoteles de cinco estrellas o gran lujo, que además estaban obligados a contratar un 60% del personal en el Servicio Canario de Empleo. ¿Sabe quién aprobó esa ley? Pues el PP y CC. No estamos hablando de las directrices de hace una década, de las que ahora Bravo de Laguna dice que se arrepiente. Esa ley es de hace solo tres años y paradójicamente el PSOE la votó en contra porque decía, con buen criterio, que se cargaba la moratoria. Ahora es el PSOE el que aplaude la nueva ley y el PP el que la pone en solfa. Nosotros, en aquella ocasión y en esta decimos lo mismo, que hay que poner límites cuantitativos basados en calidad. Con una diferencia que no teníamos antes, y es que ahora tenemos planes insulares y hay que respetar la diversidad de cada isla. No perjudica a nadie que se respete esta condición. Nosotros decimos que se establezca un mínimo de cuatro estrellas y que cada planeamiento insular decida hasta el límite del 1% anual. Es una posición intermedia a la desaparición de todos los límites que propone ahora el PP y a la posición que los partidos del Gobierno de Canarias.

Usted fue el impulsor de la moratoria y de la rehabilitación, pero ahora CC y el PSOE le acusan de cambiar de bando.

Primero, nosotros somos partidarios de la regulación y no tenemos ningún complejo. Los que deben tener complejos son los que permitieron la burbuja inmobiliaria y desregularon el sistema financiero para meternos en la peor quiebra de nuestra historia. En el año 2003, en 2009 y ahora pedimos límites y regulación por razones medioambientales y económicas. Porque no se puede crecer a cualquier ritmo, y porque la oferta y la demanda se tiene que correlacionar. Segundo, somos los únicos que mantenemos los límites cuantitativos. Lo que ha cambio en estos diez años es que ahora hay planes insulares. Los que han cambiado de opinión en función de las circunstancias son otros y el ejemplo del PP y el PSOE es muy evidente. Las contradicciones las tiene el Gobierno, los únicos que decimos lo mismo en Gran Canaria y en Tenerife somos nosotros.

¿Comparte la acusación del presidente de la patronal turística de Las Palmas, Fernando Fraile, de que esta ley se ha hecho pensando únicamente en los intereses de Tenerife?

Seguramente es así. Desde luego, le favorece. El que la patronal hotelera de Tenerife sea la única que diga que esta ley es buena para Gran Canaria es para sospechar. Nadie más en el ámbito económico dice eso. Gran Canaria tiene 20.000 camas en el segmento de cuatro y alguien similar a nosotros tiene 43.000 plazas. Lo que está claro es que esta decisión perjudica claramente a Gran Canaria y no daña a otros, por eso es incomprensible que esta decisión se tome en contra de la mayoría social, económica, institucional y política de Gran Canaria. Es que votamos contra esta ley once de los quince representantes de esta isla. Incluso el diputado socialista Emilio Mayoral dijo delante de 80 personas, en un debate en el Gabinete Literario, que estaba de acuerdo conmigo, pero que iba a ser disciplinado con su partido.

El Gobierno canario asegura que esta ley es la única vía para obligar al sector turístico a renovar la planta alojativa.

Esa es una afirmación sin sustento científico y sin datos, por eso es inaceptable que hayan venido con esta ley sin un solo número que la justifique. Por aproximación, los únicos indicios que tenemos es que la recualificación de la planta hotelera no se ha producido. Tras la ley del 2009 que apoyaron el PP y CC, con aquello del gran lujo y el 60% del personal canario, solo se han recibido dos solicitudes y todavía no se ha construido ni una cama. Además de los incentivos edificatorios, en 2003 ya dijimos que había que dar incentivos fiscales, económicos, administrativos y labores, pero nunca se hizo nada. Y en paralelo había que poner en marcha un plan de inversiones públicas en las ciudades turísticas obsoletas porque no hay experiencias en el mundo que demuestren que sin inversiones públicas se producen transformaciones urbanas. Ahí está Barcelona 92. Si el gobierno de verdad quisiera apostar por la renovación debiera saber que en esta década no se ha producido, ni siquiera en los años en que había crédito. Los que renuevan son los empresarios locales y hay que ayudarles con inversiones públicas y créditos.

Puesto que no todos los participantes en el llamamiento de Bravo mantienen las mismas posiciones sobre la moratoria, caso de NC y la patronal, ¿qué se puede sacar de esa reunión?

Ya existe un documento base con un amplio consenso: la moción que presentamos en el Cabildo, que fue aprobada con 22 votos a favor (PP, NC, CC y los no adscritos) y 7 abstenciones (PSOE). Ese es un punto de partida. Si queremos hablar de más cosas, como las camas ilegales o la residencialización, también estamos dispuestos. Esta iniciativa de Bravo de Laguna es interesante si no se queda en un mero intento de usarla de forma partidista u oportunista. Si se trata de poner sobre la mesa los problemas de esta isla van a contar con nosotros.

¿No es exagerado comparar esta movilización con la de la Universidad? ¿O pedir que la gente se eche a la calle cuando los ciudadanos apenas salen a protestar para defender sus empleos o sus pensiones?

Por supuesto. La primera batalla que tiene Gran Canaria es ayudar a los pobres, a los excluidos, a los que han perdido todo. La primera prioridad es buscar recursos para atender las necesidades básicas de la población. Y la segunda es el desempleo. La ley turística es un problema importante, pero ni tiene nada que ver con la creación de la Universidad ni debe utilizarse para que algunos intenten colgarse una medalla. Para discursos oportunistas y fáciles que no cuenten con nosotros. Y lo diré allí. Yo no voy a ninguna reunión si no me dejan hablar, no vamos de espectadores y menos de comparsa. Diremos lo mismo que hemos dicho en el Cabildo y en el Parlamento.

Y no se debe hacer también autocrítica. Los empresarios se quejan de las trabas administrativas que ponen de los políticos, pero, por ejemplo, el tremendo lío del hotel Oasis se debe a batallas y denuncias de unos hoteleros contra otros.

Nosotros no aceptamos esa tesis de que los problemas de Canarias son las leyes. Algunos, para zafarse de sus propias responsabilidades le endosan la culpa a los demás. El PP de Gran Canaria tiene problemas tan graves entre manos como la pelea entre el Cabildo y el Ayuntamiento sobre el proyecto del Estadio Insular, o la central de Chira-Soria, o el último episodio del hotel Oasis, donde para rematar el disparate el Ayuntamiento de San Bartolomé presenta alegaciones para excluir los instalaciones hoteleras afectadas, que son el origen de todo el problema.