El caso Faycán sigue dando coletazos tras conocerse las acusaciones del fiscal. La alcaldesa, María del Carmen Castellano (PP), pasó todo el lunes trabajando fuera de la Alcaldía y no pisó su despacho, y entre los acusados que aún forman parte de la plantilla municipal sólo el interventor Enrique Orts se animó a realizar unas breves declaraciones en las que insistió en su inocencia, "cosa que quedará demostrada durante el juicio".

Viudo de la exconcejala María Antonia Torres, Orts es clasificado por el fiscal anticorrupción Luis del Río y por el juez Francisco Javier García García-Sotoca como una de las piezas claves en el supuesto entramado orquestado por el PP entre los años 2004 y 2006 para cobrar comisiones a distintas empresas a cambio de la adjudicación de obras, servicios y contratos y de la agilización en el pago de facturas pendientes en la corporación. Por este mismo motivo, el ministerio público reclama para él una pena de 7 años de cárcel y 22 de inhabilitación, amén de una multa de 1,330 millones de euros.

Amablemente, el habilitado nacional, al que le resta apenas un año y medio para jubilarse, declinó hacer más valoraciones. Se da por hecho que tanto su abogado como los letrados de la mayor parte de los acusados con los que ayer contactó este rotativo presentarán recursos y escritos de defensa ante el posicionamiento del fiscal. De haber juicio, no será este año.

Junto a él, infructuosamente apartado del cargo durante el anterior mandato, siguen encartados en la causa otras seis personas que siguen percibiendo un sueldo del erario público: la alcaldesa, el asesor José Luis Sánchez, el exalcalde Francisco Valido y los funcionarios José Luis Mena, Emilio Hernández y Felipe Martín. El aparajedor Esteban Cabrera cumple hoy una inhabilitación de por una condena anterior y el otro empleado municipal, Jorge Rodríguez, está jubilado.