¿Por qué el fiscal le pide 16,5 años de prisión y 53 de inhabilitación de cargo público?
Se trata de una vendetta. Niego las acusaciones.
¿De quién es la 'vendetta'?
Del exsecretario del ayuntamiento Marcelino López Peraza. Es una vendetta contra el abogado Adolfo Llamas y contra mí. El denunciante fue secretario general del Ayuntamiento de Santa Brígida cinco años, desde febrero de 1998 hasta abril de 2003, primero con Manuel Galindo como alcalde y luego con Carmelo Vega. En abril de 2003 se fue destinado a San Bartolomé de Tirajana. En octubre de 2007 presentó una denuncia a través de otra persona. Él hizo la trama, porque esto es una trama.
¿Cuál es la razón?
Hay tres funcionarios municipales que tuvieron problemas con el ayuntamiento por productividad y por cambios de sus puestos de trabajo. Todos esos pleitos los llevó Adolfo Llamas como abogado del ayuntamiento y todos los perdieron. El secretario utilizó a esos tres testigos para que fueran contra nosotros. Uno de ellos, no Marcelino, fue el que puso la denuncia. Lo que pasa es que luego Marcelino se persona en ese expediente como acusación particular.
Pero en su denuncia no acusa a otros exalcaldes.
Él solo venía buscando a Adolfo Llamas y a mí
¿Por qué?
Porque el Ayuntamiento de Santa Brígida le abrió un expediente disciplinario, que fue instruido por dos funcionarios del Gobierno canario. Carmelo Vega terminó su mandato en 2005 y se marchó. Yo accedí entonces a la alcaldía. Fue un viernes y el lunes siguiente me dice la secretaria que el expediente de Marcelino López había que mandarlo a Madrid, al Ministerio de Administraciones Públicas. Yo lo envié y el que defendió al ayuntamiento fue Adolfo Llamas.
¿Por qué se le abrió expediente al secretario?
Por negligencias e incompetencias de este señor. Él lo recurrió no sé cuántas veces, pero finalmente lo condenaron a seis años de inhabilitación. Eso sería por agosto o septiembre de 2007. Es curioso que cuando lo condenan en firme es cuando se presenta la denuncia. Si hubiese habido algo ilegal en el tiempo en el que estuvo de secretario, lo lógico habría sido que lo denunciara o que lo advirtiera.
¿Y él lo culpó a usted y al letrado Llamas de su situación?
Claro. Él iba a por Adolfo Llamas y a por mí. Con el abogado tuvo cuatro juicios por productividad y derechos fundamentales. Al final lo condenaron. Siendo yo alcalde fue un par de veces al ayuntamiento a preguntarme por qué se había mandado su expediente disciplinario a Madrid. Se mandó porque se había terminado por el Gobierno canario y si no lo mando prevarico. Yo no evité su expediente porque no tenía competencias. Quizá quiere que nos condenen para salvarse él del expediente anterior, alegando defectos de forma.
¿Pero entonces por qué se denuncia también al consejero Carlos Sánchez?
Bueno, lo metió en el paquete para que no se notara esa animadversión contra nosotros. Lo que dice de Carlos Sánchez es que no pagó un impuesto de IBI y otro del coche. Pero a nadie lo pueden condenar penalmente por no pagar un impuesto del coche o un IBI porque el ayuntamiento tiene medios para cobrarlos vía ejecutiva.
¿Él tiene pruebas contra ustedes para convencer al fiscal?
La única prueba son sus tres testigos que tuvieron pleitos con el ayuntamiento y los perdieron con Adolfo de abogado. Y conmigo lo que tiene es que yo mandé su expediente disciplinario a Madrid y luego lo condenaron. Este hombre tiene una perreta contra nosotros.
También le acusa de enchufar a gente en el ayuntamiento.
Yo no tenía competencias para enchufar a nadie porque Carmelo Vega era el alcalde y él no delegaba en los concejales. Yo lo único que hice fue renovar los poderes a Adolfo para que siguiera llevando los temas del ayuntamiento.
La petición fiscal contra usted es muy dura: 16 años y medio de cárcel y 53 de inhabilitación por ocho presuntos delitos.
Cada una de las tres contrataciones que se me atribuyen sin pruebas se considera un presunto delito. Las tres contrataciones eran la secretaria particular de Carmelo, una abogada que trajo de la Mancomunidad de Medianías; un abogado sobrino de Miguel Jorge Blanco que era abogado y que estuvo un tiempo en el departamento de personal y luego se marchó, y mi nuera, que estaba en la oficina de atención al ciudadano y con la que no tengo ninguna relación para nada.
Usted niega que hubiese una trama urdida para exonerar los impuestos a miembros del PP cuando fue edil de Hacienda.
Claro que lo niego. Eso es imposible. Suponiendo que lo hiciera y la tesorera lo aceptara, ella prevaricaría porque ningún político está por encima de la ley.
El fiscal dice que la tesorera revocó el perdón de impuestos cuando lo detectó.
Hay una figura legal en todos los ayuntamientos. Si tú eres un acreedor del ayuntamiento y también deudor, se compensan las dos cantidades y al final se cobra o se paga, según sean las cuentas. A Carlos Sánchez nunca le notificaron el pago de los impuestos.
A usted también se le acusaba de no pagar los impuestos.
Pero es que yo no puedo ser deudor del Ayuntamiento de Santa Brígida porque no tengo ninguna propiedad en el municipio.
¿Usted no vive allí?
Sí, pero la casa no es mía. Yo vivo en una vivienda en Santa Brígida que es de mi suegro.
¿No tiene una autoescuela?
No. No pueden cobrarme impuestos ni como persona física ni como autoescuela porque es una sociedad limitada donde yo era el administrador, no el propietario.
La denuncia habla de una adjudicación a una empresa de material informático del que se benefició su autoescuela.
Para nada. El ayuntamiento cuando se informatizó en 2000 se hizo un concurso y se presentaron tres o cuatro empresas. Se dice que la elegida fue porque era de un amigo, pero se adjudicó por unanimidad de la Mesa de Contratación.
¿Usted no debe impuestos?
Yo no debo ningún impuesto al ayuntamiento. Podía haber sido deudor del ayuntamiento, pero éste tiene medios suficientes para reclamarme por la vía ejecutiva, pero no para que me acusen de un delito penal.
