La Guardia Civil detiene al arquitecto del Ayuntamiento de Moya, Juan José González Rodríguez, y a otros dos arquitectos colaboradores de un despacho privado a los que se les imputa una serie de delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, prevaricación de los funcionarios públicos, y falsedad documental y estafa, al engañar supuestamente a personas que requerían su asesoramiento en la Corporación. La denuncia parte del propio alcalde, Poli Suárez, que había puesto en diciembre del año pasado en conocimiento de la Comandancia los testimonios de más de una decena de vecinos que se sentían víctimas de su supuesta irregular forma de proceder.
La operación Suspiros salpica a un funcionario de Moya. La Policía Judicial detuvo hace algunas semanas a tres arquitectos, entre ellos al arquitecto municipal, dentro de una investigación que trataba de descubrir una serie de prácticas que podrían ser ilícitas.
Al parecer, las supuestas irregularidades se conocían desde hace años en el municipio, y ya habían sido puestas en conocimiento de la anterior Corporación, si bien no se pudieron ratificar. Las mismas quejas se repitieron en este mandato. Por este motivo, el alcalde decidió poner en conocimiento de la autoridad policial en diciembre del año pasado el testimonio de, al menos, una decena de posibles afectados, que luego han podido corroborar los hechos. La investigación concluyó hace unas semanas, cuando se procedió a la detención del funcionario municipal y a sus dos colegas.
La Guardia Civil, según un comunicado oficial, habla de que los tres afectados "favoreciéndose de su titulación y credibilidad profesional supuestamente colaboraron con el referido facultativo de la Administración municipal". El relato policial habla de que los imputados pudieron engañar a varias personas, "que requerían de su asesoramiento y servicios, aprovechándose del desconocimiento de ésas sobre la materia y los procedimientos en urbanismo, redactando supuestamente proyectos que no se ajustaban a la normativa urbanística aplicable en vigor, cobrando además por ello, con el consiguiente quebranto patrimonial de los perjudicados".
El caso Suspiros está en manos del juzgado de Instrucción número 2 de Guía. Y los detenidos están imputados por delitos ligados a la ordenación territorial y urbanística, además de prevaricación del funcionario, falsedad documental y estafa, ya que supuestamente "engañaron a diversas personas que requerían de sus asesoramiento en la Corporación", según la nota de la Guardia Civil, si bien no especifica a cuántas personas pudo perjudicar.
Al parecer, el funcionario seguirá prestando servicio tras su libertad en el Ayuntamiento, a la espera de que se conozca la sentencia, y si eso le permite continuar en un cargo público. Hay que tener en cuenta que este es el único arquitecto municipal, aunque en ocasiones Moya recurre al apoyo de técnicos externos.
