Los herederos del empresario noruego Björn Lyng han abierto un frente judicial contra su socio grancanario Santana Cazorla de consecuencias imprevisibles para el futuro del Grupo Anfi, un emporio que explota a partes iguales uno de los negocios turísticos más importantes del municipio de Mogán.

Los hijos de Lyng se han querellado por apropiación indebida contra el presidente del Grupo Anfi, Santiago Santana Cazorla, al que acusan de desviar fondos de manera fraudulenta a la empresa Hermanos Santana Cazorla para saldar deudas particulares.

La querella criminal, que es tramitada desde el pasado día 28 por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, también va dirigida contra Manuel Santana Cazorla y el director general del grupo fundado por ambos hermanos, Arturo Ramírez. A este último se le acusa de colaboración en la supuesta comisión de la apropiación indebida y de deslealtad en la administración del conglomerado turístico, confirmaron fuentes judiciales.

Además, según adelantó ayer el digital Canarias Ahora, la empresa denunciante, Anfi Internacional BV, que es propietaria del 49,99 % de las sociedades del Grupo Anfi, ha cifrado en más de ocho millones de euros el presunto "expolio" de Santana Cazorla entre los años 2012 y 2013, lo cual pone "en riesgo la viabilidad económica" de la sociedad y de sus 700 puestos de trabajo en los diferentes establecimientos turísticos y de ocio en el sur grancanario. En concreto, los socios noruegos achacan a Santiago Santana Cazorla la apropiación de 8.678.000 euros procedentes de las empresas matrices Anfi Resorts SL y Anfi Sales SL. Ese dinero, añaden fuentes empresariales, se corresponde con las ganancias obtenidas mediante la explotación del hotel Anfi del Mar y con la venta de parcelas compradas a los anteriores propietarios del suelo para urbanizar el barranco de Tauro.

El Grupo Anfi está participado al 50 %, pero Santana Cazorla tiene una especie de acción de oro que le permite adoptar acuerdos sin contar con su socio noruego, unos poderes que fueron concedidos por Lyng antes de su fallecimiento en 2006.

Los querellantes se percataron del desvío de fondos en el 2012, durante la tramitación de una demanda presentada por el rival turístico de Santana Cazorla, Lopesan, en la que reclama al Grupo Anfi el pago de 14 millones de euros. Ese pleito, que se sustancia en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de la capital, está relacionado con los terrenos que Anfi compró en su momento a la familia Cárdenes para ejecutar su proyecto en Mogán.

Sin embargo, Lopesan, la otra gran empresa de capital canario, reclama en el juzgado esa cantidad porque le compró la deuda a la familia Cárdenes, convirtiéndose así en acreedor de Anfi, hasta el punto de firmar un principio de acuerdo con la parte noruega del grupo para imponerse a su competidor turístico y controlar el accionariado.

Lopesan también ha embargado varias parcelas situadas en el barranco de Tauro para tratar de cobrar la deuda.