Las posturas de los empresarios que integran el Grupo Anfi parecen irreconciliables. La parte noruega del emporio turístico, representada en el Consejo de Administración por el hijo mayor del fallecido Björn Lyng, no sólo se ha querellado contra su socio Santana Cazorla por apropiación indebida y administración desleal de la sociedad. También reclamará la dimisión de Santiago como presidente de Anfi en la próxima junta de accionistas, al tiempo que sus servicios jurídicos preparan una demanda para exigir al constructor grancanario la devolución del dinero supuestamente desviado a sus compañías.
Esa cantidad, que asciende a 8,6 millones de euros, se corresponde con el fraude denunciado por Anfi Internacional BV en la querella criminal presentada contra Santiago Santana Cazorla, su hermano Manuel y el director general del Grupo Anfi, Antonio Ramírez. Este último está acusado como colaborador y los otros dos figuran como supuestos autores de los delitos al autorizar las controvertidas transferencias para pagar deudas particulares de sus empresas. Los tres, a través de su responsable de prensa, han rechazado dar explicaciones sobre el asunto.
La querella, que la tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, también pide a la juez que adopte medidas cautelares, entre ellas la revocación de los poderes que permiten a Santana tomar decisiones al margen de su socio. Ambos participan en la explotación de Anfi del Mar a partes iguales, pero el empresario canario tiene una acción de oro que le da el control sobre el consejo de administración.
Tensión
Los herederos de Lyng han optado por la vía penal para tratar de neutralizar ese poder de decisión porque es una jurisdicción aparentemente más rápida que la civil. Y es que la petición de dimisión está prácticamente abocada al fracaso, pues el propio Santiago Santana Cazorla controla el consejo de administración.
De hecho, las fuentes empresariales consultadas afirman que los noruegos ya reclamaron la renuncia del presidente en 2010. Luego sobrevino una etapa de paz social que ha estallado con la querella y la demanda que ultiman para exigir a Hermanos Santa Cazorla devolución de las cantidades desviadas desde Anfi Resorts SL y Anfi Sales SL. La junta de accionistas está señalada para agosto y la tensión entre socios no para de crecer.
