Los herederos de Björn Lyng quieren vender su parte del Grupo Anfi antes de que finalice el verano. Ese, al parecer, es otro de los motivos que están detrás de la querella interpuesta contra los hermanos Santana Cazorla, su socio en la explotación del negocio turístico en el municipio de Mogán.
Así lo entienden en el Grupo Anfi, cuya dirección cree que los inversores noruegos pretenden vender su participación en la compañía antes de la finalización de septiembre. Encontrar compradores no es fácil, sobre todo por el contrato que une a la familia Lyng con Santa Cazorla, pues ese acuerdo blinda al constructor canario a la hora de tomar decisiones en el Consejo de Administración.
Y es que ambos son socios a partes iguales, pero Santiago Santana Cazorla dispone de un voto de calidad que le permite imponer su criterio en las juntas de accionistas. Así lo establece el acuerdo al que llegó con Björn Lyng. El industrial noruego falleció en 2006, dos años después de que el touroperador TUI saliera del Grupo Anfi y entrara la empresa grancanaria. La operación se ejecutó por importe de 150 millones.
Esa aspiración de vender cuanto antes casa con el principio de acuerdo al que llegaron a mediados del año pasado los herederos de Lyng y Lopesan, sociedad de capital canario que compite con Santana Cazorla por controlar la industria turística en el sur de Gran Canaria. De hecho, en Anfi se da por hecho que ese entendimiento existe, incluso señalan al abogado Juan Arencibia como interlocutor.
El enemigo en casa
Arencibia es, además, secretario del Consejo de Administración del Grupo Anfi y representante de los noruegos en esas juntas. De ahí el malestar que existe en la entidad por la querella interpuesta, pues consideran que está promovida por dicho abogado y por Lopesan. Esta compañía, asimismo, se ha convertido en uno de los principales acreedores de Anfi, incluso ha solicitado el embargo de varias parcelas situadas en el barranco de Tauro que están pendientes de ser subastadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Todo por una deuda de 14 millones que el Grupo Anfi tenía con los propietario originales del suelo, la familia Cárdenes, la cual fue comprada por Lopesan con la finalidad de negociar la entrada en el grupo con la familia Lyng y poner contra las cuerdas a su rival turístico.
Hasta el momento, Hermanos Santana Cazorla resiste el embate de su socio, sobre todo gracias a esa acción de oro que le da mayoría en las juntas de accionistas. Pero habrá que estar pendientes de los movimientos en los tribunales, pues el máximo responsable de esa empresa y presidente de Anfi, Santiago, está citado como imputado para el próximo viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana.
La juez le tomará declaración por los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal, pues su socio noruego le acusa de desviar 8,6 millones para pagar deudas particulares que no guardan relación con la sociedad.
La querella, que también va dirigida contra su hermano Manuel Santana y el director de Anfi, Antonio Ramírez, solicita a la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares, entre ellas la revocación de esos poderes especiales que le confieren la mayoría a los hermanos Santana Cazorla en el Consejo de Administración.
Los abogados de la familia Lyng consideran necesario esa medida para evitar más decisiones que pongan en peligro el futuro del Grupo. Asimismo prepararan una demanda para tratar de desbancar al presidente.
