El caso de las presuntas estafas en la venta de paquetes turísticos a extranjeros en el Sur de Gran Canaria dio ayer por la tarde un giro radical cuando el juez instructor del caso, Julio Wood, emitió un auto en el que rechazaba la petición policial de realizar entradas y registros en varias empresas, cuyos empleados fueron detenidos durante el lunes y el martes, y en un domicilio privado y calificaba la investigación realizada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de "pobre" y "escasa".
La resolución judicial supone un varapalo en toda regla al trabajo policial y deja entrever que la causa podría archivarse porque lo que la Policía refleja en su atestado se refiere "a una serie de hechos en su mayoría prescritos, a otros que ya fueron objeto de un procedimiento judicial de instrucción ya sobreseído y a algunas diligencias previas no archivadas que se llevan en este y otros juzgados de instrucción del partido de San Bartolomé de Tirajana", refleja el magistrado en el auto.
El juez, no obstante, incoa diligencias previas y cita a declarar para la mañana de hoy a cinco personas, entre las que se encuentran el presunto cabecilla de la trama, el empresario alemán, Eugen Friedrich Kaiser y a una socia suya, Paula Beatson.
Wood critica en su resolución que el Grupo I de la Udyco solicitase la entrada y registro del domicilio de Kaiser, de las oficinas Call Center de la calle Clavijo y Fajardo y en los locales del Club Voyager, ubicados en la azotea y pie de piscina del Hotel Club Puerto Atlántico, todos ellos en el barrio moganero de Arguineguín, cuando el oficio presentado por los agentes es un "corta y pega" de la denuncia que el director de la asociación Mindtimeshare, Alberto García, presentó el pasado 17 de junio de 2013 contra las entidades Voyager Travel, Lifestyle Holydays y Reclaimgc.
Al magistrado le llama la atención que los agentes pidiesen las entradas y registros "sobre la base de tan exigua investigación [...] más de seis horas después de que amaneciera el día en que pretendían llevar a cabo los registros".
De hecho, abogados de la defensa aseguran que algunos agentes policiales, tras las detenciones de 58 personas el lunes, pasaron la noche frente al hotel Club Puerto Atlántico y la casa de Kaiser porque, presumen, "estaban esperando la orden del juez para llevar a cabo las entradas y registros".
El magistrado, sin embargo, incide en el auto sobre la falta de trabajo de los agentes: "La Policía no presenta suficientes indicios de delito que, asegura, se han cometido y tampoco explica satisfactoriamente por qué es necesaria la medida para la investigación ni qué pruebas de tales supuestos delitos espera obtener".
La Udyco, en la documentación que le remitió al instructor, asegura que hay evidencias de la presunta comisión de delitos "contra la Hacienda Pública, de estafa en masa, de estafa procesal y de pertenencia a grupo organizado".
Sin estafas "por el momento"
Wood, sin embargo, no concuerda, por ahora, con el calificativo de la Policía. "En resumidas cuentas, a pesar de las numerosas quejas de los consumidores plasmadas en muchísimos correos electrónicos, no existen por el momento, y a juzgar por la documentación presentada y la escasa investigación policial llevada a cabo, indicios suficientemente claros de incumplimiento contractual, menos del engaño doloso propio de la estafa".
Según asegura, hay presuntamente 60 personas perjudicadas, pero tras profundizar en la documentación observa que solo 48 llegaron a firmar un contrato con alguna de las empresas que ofrecían el Club de Descuento de Vacaciones.
El análisis que hace el magistrado de los indicios desmonta, una por una, las impresiones de la Policía y del denunciante. Así, sobre que los tiqueteros (opc) parasen a las presuntas víctimas por las calles de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán asegura que "esto, por sí solo, no integra el engaño de la estafa" porque "de hecho es una técnica empleada por muchas empresas que venden derechos de aprovechamiento por turnos y otros productos de vacaciones".
Sobre el hecho de que estas personas se identificasen como empleados de las autoridades canarias o de otras compañías turísticas de prestigio, Wood asevera que en la firma de los contratos "no se contiene ninguna referencia a tales empresas o entidades públicas". Además, destaca en relación a los pagos a la empresa Voyager Travel por parte de los consumidores que "en principio no es ilegal".
Sí hace referencia el juez, sin embargo, las obligaciones que asumen estas empresas para con sus clientes son "vagas" e "imprecisas" lo que "hace muy difícil discernir si en el momento de la firma [las empresas denunciadas] no podían cumplir aquello que se prometía y si, por tanto, engañaba a los consumidores al ofrecerlo".
Asesorías jurídicas legales
El otro punto que denunciaba la asociación Mindtimeshare hacía referencia a que las empresas de Kaiser ofrecían a los turistas con contratos de timesharing, o tiempo compartido, la posibilidad de asesorarles y defenderles jurídicamente para anular estos contratos y recuperar las cantidades pagadas a estas empresas. Esta actividad, según el juez, no se integra en el delito de la estafa procesal y, además, "no cometen delito".
Wood, en este caso, critica la acusación: "Se afirma en la denuncia que tales demandas están, en todo caso, predestinada al fracaso y que los letrados [...] actúan de forma temeraria y con falta de escrúpulos. Quien suscribe no comparte tal afirmación ya que algunas de tales demandas han prosperado y las sentencias de primera instancia anulando cierto contratos han llegado a ser incluso confirmadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas".
Los abogados de la defensa manifestaron ayer que tienen "la impresión" de que la investigación será archivada, igual que la de 2007.
