El presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Villa de Santa Brígida, Rogelio García Marrero; la presidenta de la Asociación Sociocultural Drago de Sataute, Avelina Fernández Manrique de Lara, y el presidente de la Plataforma Ciudadana El parque que queremos, Eduardo Martín Almeida, han hecho causa común para solicitar explicaciones al alcalde, Lucas Bravo de Laguna, de las dos sentencias del Supremo contrarias a los intereses del consistorio.
En este mismo sentido ha actuado la oposición, que se reunió con el alcalde tras solicitarle una cita después de conocerse las últimas sentencias negativas para el municipio. Bravo de Laguna recibió a los representantes de la oposición junto al resto de concejales del grupo de gobierno del PP. Por parte de la oposición estuvieron presentes dos concejales de Compromiso por Sataute (la líder, Guadalupe del Río, está fuera de la Isla); el portavoz del PSOE, Lucas Tejera, y el concejal de Nueva Canarias, José Luis Álamo. La única que faltó al encuentro fue la concejala de Los Verdes, Amalia Bosch.
Los representantes de los colectivos ciudadanos, vecinales y empresariales afirman que "recientes noticias publicadas por los medios de comunicación evidencian que la situación de Santa Brígida es grave y preocupante. Se acumulan los problemas urbanísticos sin que el Ayuntamiento haga otra cosa que dejar pasar el tiempo y mirar para otro lado con un urbanismo a trompicones". "Los vecinos de este municipio estamos alarmados. Lo menos que merecemos es que nos informen con veracidad y claridad de qué es lo que ocurre. Nos vamos enterando por los periódicos, por los blogs particulares y sobre todo ignoramos las futuras consecuencias económicas de esta situación para el Ayuntamiento. Hay un montón de casos sin resolver que pueden estallar en cualquier momento", añaden.
Estos colectivos recuerdan que el plan parcial SAU-2, que comprende el área de El Palmeral y las urbanizaciones de Urbis y Maherma, ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo. "Como consecuencia, todas las licencias otorgadas son nulas y las casas son ilegales; ya no podrán otorgarse más licencias, ni siquiera para arreglar un baño".
Los denunciantes señalan que "todo está viciado porque se aprobó el Plan Parcial sin que las Normas Subsidiarias se publicaran en su totalidad. Parece que Mercadona va a demandar al Ayuntamiento por cuatro millones de euros. Es incomprensible que estén creando problemas por incumplir la ley, pero peor todavía es que no se haga nada para solucionarlos. ¿Están esperando que se arregle solo? ¿Cómo van a hacer para no dejar a los vecinos tirados?".
El ´mamotreto´
Estas asociaciones ciudadanas también se refieren a la sentencia contraria a la licencia del centro comercial, conocido popularmente como el mamotreto. "Llevamos con este calvario desde 2003, a pesar de que el alcalde prometió públicamente que en noviembre de 2011 estaría terminado y que, si no, dimitiría".
Para poder otorgar la licencia urbanística, el Ayuntamiento solicitó la modificación puntual de las Normas Subsidiarias, ya que el espacio donde se pretendía construir el edificio tenía un uso diferente. No obstante, dicha modificación fue judicialmente anulada y la obra, que además se había ejecutado fuera del proyecto aprobado, ha permanecido parada desde hace años.
Hace poco, los tribunales declararon la caducidad de la licencia, lo que permitiría recuperar el espacio para el uso público sin pagar indemnizaciones. "Pero para sorpresa general, el Ayuntamiento ha recurrido presuntamente la sentencia, lo que, de ser cierto, provocaría una nueva paralización del asunto durante uno o dos años más. Este recurso nos parece que beneficiaría a la concesionaria, la constructora FCC, y no a los vecinos del municipio de Santa Brígida". Por último, se preguntan: "¿Es cierto que se ha presentado contra el Ayuntamiento una reclamación patrimonial que se calcula en más de 14 millones de euros?".
