La Fiscalía pedirá al juzgado que reclame al Ayuntamiento de Telde la entrega del expediente de la permuta de la finca de San Rafael para decidir, tras su estudio pormenorizado, si se debe juzgar o no a la alcaldesa María del Carmen Castellano, al concejal Guillermo Reyes, al empresario Santiago Santana Cazorla y a varios exediles de la ciudad por la presunta comisión de un delito de prevaricación tras la rúbrica de aquel acuerdo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a este periódico que la presentación o no del escrito de acusaciones contra la regidora popular, el inversor y el resto de imputados en la causa dependerá básicamente del análisis del que se supone que es la pieza fundamental en este proceso: el expediente lanzado desde la Concejalía de Patrimonio y Urbanismo, que estaban en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) en agosto de 2004, fecha en la que ocurrieron los hechos, y que llegó incluso a ser exhibido a la prensa en una convocatoria pública realizada en aquella época.
La Fiscalía manifestó ayer su incredulidad al cerciorarse de que en la instrucción reabierta en Telde tras las órdenes dadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas no se encontraba por ningún lado el referido expediente. Entienden que sin él no se puede determinar de manera clara si Reyes, Castellano, el resto de munícipes que formaban parte de la Junta de Gobierno Local en 2004 y Santana Cazorla cometieron o no alguna ilegalidad en una operación urbanística que sería anulada a posteriori por los tribunales ante las quejas de la oposición y al detectarse, según la opinión de la sala, defectos de forma en su tramitación.
El magistrado que lleva ahora el caso es Juan José Suárez, quien se ocupado temporalmente de tomar las riendas del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde mientras su titular, María de los Ángeles Zabala, se halla de baja. Suárez emitió el pasado 27 de septiembre un auto por el que transformó en procedimiento abreviado las diligencias reabiertas en 2012 por mandato del juez Miguel Ángel Parramón, casi dos años después de que la propia Zabala archivase el caso.
Incumplimiento
Suárez recordó en ese escrito que la ciudad se hizo con la propiedad de la finca tras entregarle a Santana Cazorla "una serie de fincas municipales sitas en Marpequeña con un valor muy superior a la primera [en alusión a la explotación de Higuera Canaria]" y que los imputados "incumplieron de manera flagrante la normativa administrativa existente, declarando de manera indebida la urgencia de la tramitación del procedimiento, realizando la adquisición por permuta en vez de por compraventa pública sin requerir informe de la comisión informativa, sin notificar el expediente al Instituto Canario de la Vivienda y sin acudir al pleno".
La permuta fue valorada en 6,39 millones de euros, pero Santana Cazorla adquirió la finca tres semanas antes de la permuta "por tan solo 2,52 millones".
En esta causa están imputados, junto a Castellano y Reyes, los exconcejales Raquel León, José Suárez, Carmelo Oliva y Guadalupe López, el edil Carmelo Reyes y el propio Santiago Santana Cazorla.
