Una familia de La Atalaya (Santa Brígida) será desahuciada a las 10.30 de hoy si no hay una paralización de última hora. La ejecución afecta a un edificio donde hay viviendas, una tienda y un bar.

Se trata del final de un largo pleito, que acabó en el Tribunal Supremo, emprendido entre los miembros de una misma familia, aunque en este caso hermanastros ya que solo compartían padre, Juan Rodríguez Fleitas, fallecido en 1976.

Este hombre se separó de su primera mujer, con la que tuvo cuatro hijos, en el franquismo, pero no pudo divorciarse porque en la dictadura no existía esta figura jurídica. Desde 1943 hasta 1976 convivió con la que fue su segunda esposa, Cándida Padilla Cabrera, e incluso se casó por la iglesia y lo civil el 5 de agosto de 1976, quince días antes de su muerte, ya que en aquel tiempo tuvo que esperar seis meses tras el fallecimiento de su primera mujer. Con ella, que murió en 1982, tuvo otros siete hijos, de los que viven seis.

La primogénita de este segundo matrimonio, Cándida Rodríguez Padilla, manifestó ayer a este periódico que en dos ocasiones ganaron el pleito en Las Palmas de Gran Canaria a la familia de sus hermanastros, pero finalmente el Tribunal Supremo revocó las sentencias anteriores tras un recurso presentado por el hijo de uno de ellos.

Justicia

Cándida, que tiene 70 años, solo pide justicia "porque mi padre hizo este edificio gracias a la ayuda de mi abuelo materno, que era un hombre con dinero y propiedades en Fuerteventura. Mi padre compró los terrenos donde se levanta el edificio que quieren desahuciar porque mi abuelo materno le dio 2.000 pesetas para hacerlo".

Asegura que su hermanastro mayor, Juan Rodríguez Navarro, le garantizó que no iba a haber pleitos en la familia por motivos de herencia, pero posteriormente su sobrino demandó a la otra parte de la familia. "Estamos ya agotados. Lo único que pedíamos era repartir a partes iguales entre todos los hijos de los dos matrimonios de mi padre. En el franquismo los hijos naturales éramos ilegítimos, pero ahora estamos en una democracia", dice.

En el edificio afectado por el desalojo vive su hermana pequeña, de 52 años. "Ella nació en esa casa". También afecta al bar de otra hermana, que regenta un sobrino, y una tienda de un hermano. "Quiero que la justicia nos reconozca como hijos legítimos porque, aunque mi padre y mi madre estuvieron viviendo juntos 33 años, al final se casaron solo cuando la ley lo permitió. Mi padre murió antes de que se aprobara la Constitución y en aquella época de la dictadura no podía casarse de nuevo mientras viviera su anterior mujer porque no existía el divorcio".