La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una denuncia por malversación de caudales públicos y falsedad documental en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) y solicita las declaraciones como imputados del director general de la entidad, Rafael Suárez Deniz, y del directivo de la empresa Hergorá Catering S.L., Carlos Orce Zuazu.
La Fiscalía también acuerda el archivo parcial de los demás hechos denunciados por el expresidente de la institución, Lorenzo Olarte, y por el CCN, en los que tuvo de declarar como imputado el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Domínguez.
La Fiscalía cree que se han cometido esos delitos por cargar a la Feria de la Infancia los gastos de cátering del congreso que el CCN celebró en sus salas.
En un escrito dirigido al Decanato de los Juzgados, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, también denuncia al responsable de la empresa de cátering Hérgora, Carlos Orce, por ser el encargado de emitir la factura para abonar con cargo a fondos públicos el servicio prestado a una organización privada, el CCN, en su congreso de 2011.
Esta denuncia es consecuencia de la investigación abierta por la Fiscalía tras la documentación que le remitió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), a raíz de la comparecencia del expresidente del comité ejecutivo de Infecar, Lorenzo Olarte, del CCN, en el pleno de la corporación celebrado en diciembre de 2012, cuando puso de manifiesto una serie de hechos que podrían ser delito.
Esos hechos se referían a posibles irregularidades en la contratación de personal y diversos bienes y servicios, la cesión de las instalaciones de Infecar al Clúster de Comunicación y Márketing de las Islas Canarias, así como a la celebración del congreso del CCN los días 17 y 18 de diciembre de 2011.
Este último hecho es el único en el que la Fiscalía ha advertido una posible actuación delictiva, en la que señala que "no le consta" que hubiera intervenido alguna otra persona o responsable de Infecar o del CCN.
La Fiscalía tampoco ha advertido delito en la investigación llevada a cabo tras la denuncia presentada por los responsables del CCN en mayo de 2013, contra el vicepresidente del Cabildo y exmiembro de ese partido Juan Domínguez Bautista, y el asesor Juan Francisco Herrera, por un posible delito de falsedad documental por la apertura de una cuenta corriente y el posible uso privado de fondos públicos ingresados en esta para hacer frente a gastos del grupo político.
Esas supuestas irregularidades, denunciadas por el CCN en Santa Cruz de Tenerife, también fueron puestas de manifiesto por Olarte, por lo que se acordó unirlas a las diligencias abiertas por la Fiscalía de Las Palmas.
La Fiscalía entiende que como Infecar se rige por un ambiguo régimen jurídico, en parte privado, en parte público, no se puede hablar de "una vulneración deliberadamente flagrante o clamorosa de la legalidad", que es un requisito exigible desde el punto de vista penal para poder advertir una conducta prevaricadora.
En relación al caso del cátering, se observa un posible delito de falsificación de documento mercantil imputable a Carlos Orce porque en la factura emitida por Hérgora, por un importe de 3.500 euros, se incluyó un concepto y un destinatario distintos a los que realmente fueron objeto del servicio. Para el fiscal, el director de Infecar puede ser autor de ese mismo delito como cooperador necesario.
En la documentación remitida a la Fiscalía por el director general de Hérgora se señala expresamente que Rafael Déniz fue la persona que hizo la indicación sobre el concepto por el que se debía emitir la factura: "Taller de Cocina Saludable" organizado en la Feria de la Infancia y la Juventud 2011-2012, que cada año celebra el Cabildo con fondos de la corporación insular.
En relación a las supuestas irregularidades en los procedimientos de contratación de Infecar, el fiscal señala que en materia de personal no consta que se haya producido quebrando económico alguno para Infecar, pese a que sea "singular" el modo de contratarlo, conforme a una lista que maneja desde hace años la institución y que no responde a los principios de publicidad, mérito y capacidad.
También concluye que no se puede afirmar que se hayan dado indicaciones sobre la hipotética contratación de familiares por parte de los responsables públicos que fueron denunciados -Juan Domínguez, entre ellos-, ni que la contratación del mantenimiento informático y su adjudicación a un pariente del vicepresidente del Cabildo constituya delito.
No consta que Domínguez tuviera intervención alguna en esa contratación, que se hizo de forma urgente por los riesgos de seguridad que se detectaron y por el elevado coste del servicio prestado por el anterior adjudicatario, que fue sensiblemente rebajado, según la Fiscalía.
