El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la empresa municipal Fomentas (antes Urvitel) a abonar la deuda de 346.725 euros que desde hace casi cuatro años le reclamaba Gestión de Cooperativas Grupo Europa. El Alto Tribunal, en una sentencia emitida el 21 de enero y de la que ha sido ponente Sebastián Sastre, considera que la citada sociedad, de la que es propietaria el Ayuntamiento de Telde, tiene que afrontar finalmente los costes de desarrollo de parte de los dos edificios que Grupo Europa comenzó a construir en el año 2005 en el barrio de La Jardinera, cerca de El Goro, mediante la contratación de terceros y la puesta en marcha de una labor de asistencia técnica, asesoramiento y gestión.

Los inmuebles, dos grandes 'esqueletos' con sus obras paralizadas desde hace ya casi diez años, fueron pergeñados en la etapa en la que la concejala fallecida María Antonia Torres ejercía como concejala de Vivienda y consejera delegada de Urvitel en la ciudad. Las partes firmaron un acuerdo para la edificación de varios cientos de viviendas sociales en el municipio (se llegó a hablar de una casa al día) pero el estallido del caso Faycán en 2006 y la posterior implicación de Grupo Europa en una pieza separada de esta trama de presunta corrupción derivaron en el abandono del proyecto.

Antes de que esta circunstancia se produjese, una constructora, Mequinso, levantó los cimientos y las estructuras de los bloques, que iban a albergar 71 viviendas. La cooperativa pasó a Urvitel al cobro dos certificaciones de obra -una por importe de 60.633 euros y otra que ascendía a 286.091, según consta en las sentencias a las que ha tenido acceso este periódico-, pero la sociedad se negó en redondo a atenderlas. Este hecho, a la que se agregó la posterior declaración concursal de Grupo Europa, derivó en un litigio a cuenta de la interpretación del contrato rubricado y la mediación de los tribunales. El número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Telde le dio la razón al Ayuntamiento el 10 de septiembre de 2010. La cooperativa presentó un recurso en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que lo aceptó el 21 de diciembre de 2012. Ahora, y trasel recurso de casación elevado por el consistorio, es el Tribunal Supremo el que confirma en todos sus extremos el fallo de la Audiencia y cierra la opción de nuevas reclamaciones.

Lo que no ha logrado Grupo Europa es el que se le reconozca el derecho a cobrar los 2,383 millones que supuestamente se invirtieron en las casas. y que también exigía.