El Cabildo de Gran Canaria se ha visto obligado a paralizar los seis contratos para el mantenimiento de las carreteras de la Isla, adjudicados a mediados de marzo por un total de 53 millones de euros, tras una denuncia anónima que advertía de presuntas irregularidades en la puntuación de las ofertas presentadas al concurso público. A expensas de un informe del área de Contratación, el gobierno insular teme que tendrá que anular las adjudicaciones y reiniciar todo el procedimiento, lo que supondrá un retraso de entre cinco y seis meses en la firma de los nuevos contratos.
El consejero insular de Obras Públicas, Carlos Sánchez, confirmó ayer la suspensión de todas las adjudicaciones, pero recordó que el mantenimiento de las carreteras está garantizado porque los contratos en vigor se pueden prorrogar hasta el mes de febrero de 2015. No obstante, admitió que esta paralización supone un contratiempo para el Cabildo y, sobre todo, para las empresas adjudicatarias.
La buena noticia, consideró Sánchez, es que se han detectado esas supuestas deficiencias antes de firmar los contratos, lo que evita que esas empresas puedan reclamar daños y perjuicios por los retrasos. Las cuatro UTE o compañías afectadas están lideradas por Satocan, Pérez Moreno, API-Hermanos Tito y Aceinsa Movilidad.
La denuncia anónima fue recibida en el departamento de Intervención del Cabildo, que la trasladó a los técnicos de las áreas de Contratación y de Carreteras. Ante la advertencia de acudir a los tribunales, ambos departamentos retrasaron la firma de los contratos e iniciaron una revisión de las cláusulas del concurso y de las puntuaciones otorgadas a la veintena de empresas que presentaron.
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