Las empresas participantes en el concurso público para la conservación de las carreteras de Gran Canaria reprocharon ayer al Cabildo que haya dado curso a una denuncia anónima y suspenda los seis contratos que ya estaban adjudicados desde mediados de marzo. Entre la "sorpresa", el "asombro" o el "estupor", representantes de varias compañías criticaron que una carta de autor desconocido haya desencadenado la paralización de adjudicaciones por valor de 53 millones de euros.
Los contratistas del mantenimiento de carreteras coincidieron en que la actuación del gobierno insular "va a dejar por los suelos" la seguridad jurídica del Cabildo de Gran Canaria y calcularon que reiniciar todo el procedimiento va a suponer "casi un año" de retraso en las nuevas adjudicaciones.
"Este es el país de no hacer nada; es asombroso que una administración pública dé credibilidad a una denuncia anónima", afirmó un portavoz de la UTE encabezada por Satocan, la más afectada por la decisión del Cabildo porque pierde la adjudicación de la red viaria de alta capacidad, por un importe total de 23,3 millones de euros y cuatro años de ejecución.
"Estas prácticas son del tiempo de la inquisición; si alguien cree que hubo irregularidades en el concurso lo que tiene que hacer es dar la cara e ir a denunciarlo a los tribunales, que para eso están", resaltó el representante de Satocan, que apuntó que, "aunque esa persona tenga razón, esas no son formas de actuar".
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