A partir del 16 de agosto el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comenzará a sancionar con el cierre o con multas de hasta con 15.000 euros el exceso de ruido de los locales de ocio. Poco más de un mes les queda a los empresarios que tienen establecimientos con aparatos de música, videos, o que realizan actuaciones en vivo, para instalar el equipo controlador y limitador de sonido, que establece la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica. Desde ese mismo día, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar la inspección de los establecimientos y expedientar a aquellos locales que incumplan la normativa municipal.

Si bien la citada orden fue aprobada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el 1 de agosto de 2013, y se fijaba un plazo de seis meses a los empresarios a que adaptaran los locales, el hecho de que el Gobierno canario aprobara justo el 15 de agosto el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos motivó que el grupo de gobierno, que dirige Marco Aurelio Pérez, optara por atenerse al plazo de esta norma autonómica. En este sentido, el concejal de Políticas Ambientales, Fernando González, explicó ayer que si bien el cerco al ruido se podría haber iniciado desde el pasado mes de febrero finalmente decidieron esperar al plazo fijado en el reglamento del Ejecutivo canario, hasta agosto de 2014, "para tener más seguridad jurídica".

"Ver las orejas al lobo"

Pese a que con esta decisión los plazos se han ampliado, González dió por hecho que la mayor parte de los empresarios no han adaptado los locales a la normativa contra la contaminación acústica. "Hasta que no le vean las orejas al lobo no harán nada" destacó el concejal de Políticas Ambientales.

Además, el concejal añadió que la instalación obligatoria de los limitadores de sonido "son sólo una medida adicional a la obligada insonorización de los locales" y el cumplimiento estricto de los horarios que establece la Consejería de Industria del Gobierno canario. Sólo las celebraciones específicas como las fiestas patronales de los barrios y pueblos del municipio y eventos puntuales como conciertos quedan exentos de esta exigencia previa autorización municipal.

Con la finalidad de recordar esa obligación, el Ayuntamiento ha sacado un bando en el que insiste en que todos los locales de ocio tienen que respetar esta ordenanza contra el ruido. Concretamente es el artículo 57 de dicha norma el que fija la instalación de los equipos controladores y limitadores homologados para asegurar de forma permanente que, bajo ninguna circunstancia, las emisiones de ruido superen los límites admisibles de nivel sonoro en el exterior del local ni en el interior de las edificaciones adyacentes o colindantes.

Asimismo, esos limitadores, con sistema de precinto para evitar su manipulación y con baterías que sorteen los fallos de tensión, deberán funcionar como calibradores internos de los equipos de emisión y como registros datadores de los niveles sonorosos con capacidad de almacenamiento mensuales, y contar con un software de inspección que permita el traslado de sus datos de forma manual o por transmisión telemática diaria hasta el centro de procesamiento y evaluación de datos de la policía local, que estará operativo para este servicio en las próximas semanas, según dijo Fernando González.

La instalación de dicha plataforma control policial fue adjudicada por el Ayuntamiento por 8.560 euros a la empresa Sistemas Ambientales Canarios SLU, y por un plazo de cuatro años.