El pleno del Cabildo de Gran Canaria con los votos favorables del PP y de NC ha aprobado este miércoles la moción por la vía de urgencia que solicita al Consejo Canario de Patrimonio Histórico que informe favorablemente la declaración de BIC del Oasis, bajo la advertencia de que, en caso contrario, si dictamina desfavorablemente, ello tendría unas consecuencias y generaría unas responsabilidades muy graves y de toda índole jurídica, incluso penal.
La moción de urgencia del grupo de gobierno del PP no tuvo el apoyo del PSOE ni de CC, a quien se había trasladado el texto la tarde anterior.
El portavoz socialista Augusto Hidalgo explicó que su grupo votó en contra porque "parece que Bravo de Laguna, en vez de buscar un acuerdo, lo que pretende es buscar otro enfrentamiento con las personas que forman que ese organismo", en alusión a las descalificaciones del texto de la moción hacia los miembros de la Ponencia Técnica de Patrimonio, que el pasado viernes desaconsejó por unanimidad la declaración del Oasis como BIC.
En el mismo sentido se pronunció el portavoz nacionalista Fernando Bañolas, quien consideró que Bravo de Laguna "está tan nervioso con todo lo que sucede al rededor del Oasis" que ya solo busca una nueva confrontación con el Gobierno de Canarias.
Bravo de Laguna considera que el Cabildo "no ha improvisado una resolución, ni es un tema caprichoso, y ni siquiera es discutible como lo son otras declaraciones de BIC. "Sin duda, si ha habido un expediente completo y trabajado en Canarias sobre declaración de BIC es el del palmeral de Maspalomas; hemos dicho que somos conscientes de que siendo un referente fundamental en nuestro desarrollo turístico hay que protegerlo y esperamos que el Consejo Regional de Patrimonio Histórico que se tiene que reunir el jueves así lo ratifique", recalcó.
"Nosotros", explicó Bravo de Laguna, "no hemos ido a procedimientos de expropiación ni hemos intentado afectar los derechos urbanísticos de nadie, sino que puede haber compensaciones urbanísticas en el desarrollo posterior del plan especial. Este es nuestro planteamiento, pero el Gobierno de Canarias insiste en que tendríamos que fijar indemnizaciones y le hemos demostrado jurídicamente que no es este el momento en el que hay que señalar indemnizaciones porque son temas que se pueden resolver posteriormente".
